En repetidas ocasiones, Isabel Díaz Ayuso ha calificado a la Comunidad de Madrid como una región que no pone obstáculos a aquellos que desean emprender, en contraste con otras comunidades.
La presidenta madrileña presume de ser la única que ha aprobado una Ley de Mercado Abierto "para eliminar todas las restricciones que una empresa de cualquier parte de España pueda tener al ejercer su actividad en Madrid, sin necesidad de obtener licencia o permiso adicional".
Hace nueve años, se aprobó la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), una ley estatal que vela por esto.
Cabe señalar que Ayuso pronunció esas palabras después de que esta ley ya existiera por lo que el Gobierno madrileño ha vulnerado dicha ley en el diseño de sus subvenciones a empresas para financiar la formación de desempleados, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En octubre del año pasado, un particular presentó una reclamación ante este organismo contra cuatro de los criterios de valoración para otorgar esas ayudas,
Dado que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo premia en la baremación a las empresas que hayan impartido estos cursos con anterioridad en la Comunidad de Madrid, el reclamante considera como "un trato manifiestamente discriminatorio" hacia aquellas entidades que nunca han obtenido subvención alguna de la Comunidad de Madrid.
La CNMC ha dado parcialmente la razón al reclamante tras analizar el caso y estudiar las alegaciones de la Comunidad de Madrid. En su informe, enfatiza que tres de los criterios son "discriminatorios" y no se invoca ni existe una razón imperiosa de interés general que justifique la necesidad y proporcionalidad de esta exigencia. Por lo tanto, la CNMC concluye que estos criterios suponen un límite a la libertad de establecimiento y exige al Ministerio de Economía que anule la convocatoria.
Ante la negativa de la Comunidad de Madrid de anular la convocatoria, han llevado el conflicto a los tribunales y ahora exigen que se anule la convocatoria en la Audiencia Nacional, según confirma la Consejería de Economía.
Las autoridades de Competencia argumentan que su requerimiento está respaldado por la jurisprudencia y mencionan una sentencia similar contra el Gobierno canario. En ese caso, la Audiencia Nacional determinó que "de acuerdo con el principio de no discriminación de la LGUM, lo apropiado hubiera sido exigir experiencia formativa sin importar el lugar (Comunidad Autónoma) donde se haya adquirido dicha experiencia".
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