Los más de 16.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia que se rigen laboralmente por el nuevo Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Almería perderán poder adquisitivo como consecuencia de la firma de este pacto laboral, sólo rubricado por CCOO y Asempal. Según los datos que maneja la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, el colectivo profesional dejaría de percibir unos 2.000 euros al año, entre 170 y 175 euros mensuales, de media, dependiendo de la categoría a la que pertenezca.
De hecho, el sindicato recuerda que tanto CSIF como UGT habían rechazado y denunciado en múltiples ocasiones el nuevo convenio, considerando que el pacto suponía un “grave retroceso” dado que, pese a la subida que refleja de un 5 por ciento, el acuerdo no incluye la revisión del IPC de 2019, 2020 y 2021, lo que suponía una pérdida de un 7 por ciento. A esta cifra había que sumarle además el IPC de ese momento, que rondaba el 9 por ciento. En global, el porcentaje ascendía a un 15,9 por ciento.
En esta ocasión, el nuevo acuerdo recoge una bajada de un 1,7 por ciento, pues el IPC de 2022 ha sido del 5,7 por ciento y sólo han subido un 4 por ciento, que se llevará a cabo en 2023, y un 3 por ciento para el 2024 y el 2025, lo que se traduce que el colectivo profesional al que afecta el convenio recibirán una subida de sueldo que rondará los 28 o 30 euros mensuales.
Como ejemplo, los sindicatos denunciantes explican que el salario de una trabajadora de un nivel 6 cobraría 1.372,98 euros al mes según ha quedado en el actual convenio, si bien, si este salario se hubiera revalorizado, como mínimo, al IPC sería de 1.545,98 euros mensuales. En esta línea, el sindicato también puntualiza que esta merma es ya para toda la vida.
Con todo, además de la pérdida retributiva, el Convenio tampoco recoge ninguna de las propuestas de CSIF y UGT, como puede ser la inclusión de la cláusula de revisión salarial, que supone la revisión salarial en caso de subida del IPC para recuperar el poder adquisitivo. Tampoco se han incorporado conceptos como la jornada laboral de 37 horas, la mejora del control horario, la ampliación de la jornada reducida en los meses de verano, la remuneración de las incapacidades temporales al 100% o la adaptación de la jornada de trabajo por razones de conciliación. Igualmente, no tiene en cuenta aspectos como la recuperación de la antigüedad, la introducción de tres días de asuntos propios o la regulación del teletrabajo que incluyera el abono del plus de transporte o una retribución salarial que incluya gastos de consumo de luz, agua, climatización o internet, entre otras.
Así, tanto CSIF como UGT recuerdan que este Convenio debía haberse actualizado en 2018, pero que la desidia del sindicato firmante, en complicidad con el desinterés de la patronal ha hecho que haya estado paralizado. Por otro lado, apuntan que estas medidas afectan tanto a la provincia de Almería como a la de Sevilla, que al no tener Convenio propio se adhiere al almeriense, afectando en global a más de 30.000 personas.