El conflicto entre las partes concernidas arranca en julio de 2020, cuando el colectivo ecologista denunció ante el Ayuntamiento de la localidad la ampliación sin licencia de una granja porcina, ubicada en la rambla “Vilerda”, que pasó a tener 15.000 metros cuadrados. Según la denuncia, la mitad de esta superficie ya estaba ocupada por una explotación, que tenía autorización porque así lo permitía la norma de la época en que se levantó, y habría sido demolida en gran parte para ser levantada de nuevo, duplicando su extensión.
Añade la organización denunciante que en 2015 fue suspendido el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) y que, desde esa fecha, el Consistorio lumbrerense no ha procedido a su aprobación, por lo cual, sigue diciendo la denuncia, seguirían vigentes las normas subsidiarias que permiten que las nuevas construcciones tengan una superficie máxima de mil metros cuadrados. Ello, sostiene Ecologistas, estaría originando serios problemas medioambientales, entre los que se incluye la generación y deficiente eliminación de purines.
Antecedentes
A finales del año 2020 fue reiterada la denuncia ante el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y en abril de 2021 Ecologistas en Acción interpuso la denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Lorca al entender que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras “no hizo caso”a las peticiones de información “y no se había incoado ningún expediente de infracción urbanística por esta causa”.
Por todo ello, los denunciantes señalan que “no solo se ha infringido la legislación urbanística, sino que, al ampliarse la capacidad de producción de la granja, la mayor parte de los animales que albergan las instalaciones (aquellos que se ubican como consecuencia del exceso de superficie de la explotación) están fuera de los controles de la administración, dado que no constan en ningún lugar, puesto que tienen su origen en una granja de la que no se tiene constancia oficial”.
De igual forma, el escrito de denuncia refleja como presuntas irregularidades, "la producción de lechones por encima de la capacidad autorizada en las explotaciones de porcino de madres. Implica una irregularidad puesto que el número de cabezas de ganado existente en la granja es muy superior al que la explotación tiene concedido en la licencia municipal y en el Registro de la Consejería de Agricultura y Ganadería y en el registro de la Oficina Comarcal Agraria".
En los hechos denunciados Ecologistas en Acción señala “además de al promotor de la granja y al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a veterinarios, transportistas, a empresas receptoras de los lechones y a la Consejería de Ganadería del gobierno regional”.
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