Madrid, 20 de septiembre de 2017. Mañana jueves, día 21 de septiembre, en Almería, en ASEMPAL - Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, a las 18:30 horas, Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, celebra en Andalucía una jornada sobre generación social fotovoltaica, enmarcada en la III Edición del Camino del Sol. En el acto intervendrán: José Luis Sánchez Teruel, Secretario General del PSOE en Almería, Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier y Miguel Carra Vilar, delegado de Anpier en Andalucía.
Desde Anpier se ha recordado que Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año; Castilla-La Mancha se sitúa en las 3.114; Murcia está en 3.182; y Extremadura registra 3.106 horas de sol para generar energía. Cuando la media de los países de la Unión Europea se queda en, tan sólo, las 1.720 horas solares para la producción de energía.
Sin embargo, la tasa de paro en Andalucía es del 25%; en Castilla-La Mancha del 22%; en Murcia supone el 17% y en Extremadura alcanza el 25 %, frente a una tasa media de desempleo actual en España, que es del 17% y en la Unión Europea, que se queda en el 7,8%. Por otra parte, con datos del año 2016, el PIB per cápita fue de 23.970 € de media en España, cuando en Andalucía se quedó en 17.651 €, en Castilla-La Mancha en 18.591 €, en Murcia está en 19.411 € y Extremadura registra un 16.369 €. Muy alejadas de Madrid o el País Vasco, Navarra o Cataluña, que están en el entorno de los 30.000 €.
Miguel Ángel Martínez-Aroca ha declarado que “las horas de sol de estos territorios son un activo irrenunciable para paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta” y ha denunciado que “El marco normativo actual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación para suministro a red, de tal forma que el recurso Sol queda en manos de grandes fondos internacionales, como otrora quedó en manos de potencias extranjeras la riqueza mineral de nuestro subsuelo”.
Con el eslogan “Las familias queremos participar en la producción de energía”, esta asociación está recorriendo toda España, con 27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos.
Anpier promueve en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.
En este sentido, ANPIER ha creado una aplicación, en la Web del Camino de Sol (www.caminodelsol.org), que permitirá visualizar el potencial generador de energía fotovoltaica de todos y cada uno de los municipios almerienses de hasta 100.000 habitantes: ahorros posibles por autoconsumo, ahorros municipales e incluso los ingresos que podría obtener cada localidad a través de proyectos sociales de generación.
Como ejemplo, de todos los que ofrece la aplicación, los resultados para los municipios de Roquetas de Mar y Vera serían (considerando que 2 de cada 10 familias invirtieran en parques fotovoltaicos, 3 de cada diez instalaran sistemas de autoconsumo y que un 75% de los consumos de los ayuntamientos fueran realizados a través de parques municipales fotovoltaicos):
En Roquetas de Mar: Si 2 de cada 10 familias roqueteros -que en este municipio serían 6.131 familias- destinaran 16.500 € en una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de 20 kW por familia, que supondría un parque de 123 MW, cuyos ingresos totales alcanzarían los 179.000.000 € transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.
En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de Roquetas de Mar alcanza los 25.750.000 KWh/anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 15 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de Roquetas de Mar instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 73.101.000 € en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.
Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de Roquetas de Mar, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 39.000.000 KWh/anuales y en el alumbrado público exterior en 7.500.000 Kwh/anuales aproximadamente, por lo que, se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 20 MW, que tendría un coste de 16.384.000 € y un ahorro anual para las arcas municipales de 5.000.000 €. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 106.280.000 €.
Por consiguiente, con una central fotovoltaica cooperativa de tan sólo 123 MW para la venta de la energía a la red, con autoconsumo fotovoltaico en el 30% de las viviendas privadas y con autoconsumo municipal para edificios públicos y alumbrado, Roquetas de Mar y sus habitantes dispondrían de un beneficio total, al cabo de 25 años, de 257.000.000 €. Con lo que se evitaría anualmente 106.000 toneladas de CO2. Esto no sólo beneficiaría a las familias fotovoltaicas, sino que generaría un efecto económico multiplicador en otros sectores de la ciudad, al disponer los ciudadanos de más renta, y supondría un menor gasto municipal; además, crearía cientos de puestos de trabajo en el territorio para la instalación y el mantenimiento de estas dotaciones de generación distribuida.
En Vera: Si 2 de cada 10 familias veratenses -que en este municipio serían 1.011familias- destinaran 16.500 € en una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de 20 kW por familia, que supondría un parque de 20 MW, cuyos ingresos totales alcanzarían los 29.100.000 € transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.
En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de Vera alcanza los 4.247.000 KWh/anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 2 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de Vera instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 12.057.000 € en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.
Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de Vera, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 6.427.000 KWh/anuales y en el alumbrado público exterior en 2.017.000 Kwh/anuales aproximadamente, por lo que, se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 4 MW, que tendría un coste de 3.000.000 € y un ahorro anual para las arcas municipales de 893.000 €. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 19.335.000 €.
Por consiguiente, con una central fotovoltaica cooperativa de tan sólo 20 MW para la venta de la energía a la red, con autoconsumo fotovoltaico en el 30% de las viviendas privadas y con autoconsumo municipal para edificios públicos y alumbrado, Vera y sus habitantes dispondrían de un beneficio total, al cabo de 25 años, de 43.831.000 €. Con lo que se evitaría anualmente 18.000 toneladas de CO2. Esto no sólo beneficiaría a las familias fotovoltaicas, sino que generaría un efecto económico multiplicador en otros sectores de la ciudad, al disponer los ciudadanos de más renta, y supondría un menor gasto municipal; además, crearía cientos de puestos de trabajo en el territorio para la instalación y el mantenimiento de estas dotaciones de generación distribuida.
Durante este Camino del Sol 2017 se escucha la voz de las 62.000 familias españolas, 1.300 almerienses, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.
Anpier alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible a la vista del primer Laudo Arbitral del Banco Mundial y, previsiblemente, de todos los que se vayan fallando.
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial.Resulta inaceptable que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales.
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes hasta del 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.
Sin embargo, el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.
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