Tal y como explica el responsable de Empresa Privada, Paco Rueda, el único agente social firmante se ha saltado completamente la “unidad sindical” y ha rubricado un documento que supondrá una pérdida retributiva de 730 euros por trabajadora. Este perjuicio se produce porque en 2021, los trabajadores y trabajadoras, no recibieron la equiparación al Salario Mínimo Profesional que por decreto les correspondía, es decir a los 880 euros mensuales. Así, la patronal ha ofertado en el nuevo convenio una “compensación” de solamente 150 euros por persona. “Es lamentable que estén consintiendo, con su firma, que se dejen de abonar los 730 euros restantes que les correspondería por ese año trabajado al resarcirse en el SMI. Desde CSIF tenemos claro que no vamos a ser cómplices ni de esta agresión a los derechos del colectivo, ni del resto que sí ha apoyado el sindicato mayoritario”, ha explicado Rueda.
Rueda ha explicado que otro de los requisitos que exigía la patronal en el nuevo acuerdo era la retirada, por parte de los sindicatos participantes en la mesa de negociación, de las denuncias que habían presentado ante la Inspección de Trabajo como consecuencia de esta falta de equiparación salarial y con el fin de que las empresas del sector evitasen pagar los atrasos y la correspondiente multa. En esta línea, CSIF mantiene su postura inicial y se ha opuesto de pleno y exigirá, por tanto, el abono de la cantidad adeudada, con el único objetivo de seguir defendiendo los intereses de un colectivo laboral fundamental.
Otro de los puntos de los que CSIF se muestra en contra es en la transformación del plus de transporte en plus convenio. Este cambio supone que si se producen aumentos en el SMI quedarían absorbidos por este nuevo plus que sería no salarial. Por tanto, los trabajadores y trabajadoras dejarán de percibir, en una estimación del sindicato, unos 60 euros mensuales menos de los que les corresponderían. Por otro lado, el acuerdo también pacta una “componenda” para interpretar el mismo plus de transporte del 2021 como un plus salarial para no tener que abonar los atrasos por ese año.
En resumen, “CSIF no va a participar de este fraude a este colectivo profesional que desarrollan una labor tan importante en centros escolares, sanitarios, deportivos o de oficinas, entre otros que sí han consentido otros agentes sociales y seguiremos trabajando y luchando por materializar y optimizar las condiciones laborales de miles de trabajadoras en la provincia”, ha concluido Rueda.
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