Se necesita una potente y bien organizada escuela pública
Hoy día en los países con democracia asentada ya no se discute la conveniencia de una educación básica y común para todos, ya que se necesitan mayorías ilustradas, no élites ilustradas, para que la democracia sea creativa y fiable. La escuela pública es la institución más adecuada para arrancar de la pluralidad de la sociedad unos mínimos éticos y culturales que constituyen la base de una visión compartida de sociedad y de país. Sin una educación popular seriamente organizada toda propuesta social y política es estéril, porque en la escuela pública, donde convive la pluralidad de la sociedad, es donde se aprende a reconocer al “otro” como otro legítimo.
Como nuestra tasa de fecundidad no llega al 1’1 necesitamos inmigrantes para que se rejuvenezca y perdure nuestra sociedad. Una potente y bien organizada escuela pública donde autóctonos y foráneos convivan en un mismo ideal de país es la única solución, si queremos continuar con nuestras señas de identificación cultural.
La más elemental justicia nos dice que el que se beneficia de algo es quien ha de hacerse cargo de su costo. Y resulta que no son los padres los que se lucran de las profesiones de su hijos/as. Ningún padre le da a su hijo/a una carrera de médico, ingeniero, policía, jurista… pensando en su exclusivo beneficio. La única beneficiaria de la educación y preparación de las nuevas generaciones es la propia sociedad. Por tanto, la educación es un servicio público básico, es decir, competencia del Estado, ya que éste tiene por objetivo primordial dirigir la organización de un país.
Etapas de la educación básica
Creemos que esa educación básica y común se debe extender de 0 a 16 años, que atienda a la diversidad de los alumnos sin ningún itinerario discriminador y estructurado en tres etapas: infantil (de 0 a 6 años), primaria (de 6 a 12 años) y educación secundaria obligatoria (ESO) (de 12 a 16 años) Con la ESO se finaliza un proceso educativo dirigido por tutores/as, con características propias y con carácter terminal. Significa haber infundido en los alumnos/as hábitos de autodisciplina, de tolerancia, de respeto, de solidaridad, de saber vivir dentro de una sociedad democrática y plural, de ser capaces de vivir autónomamente, de tener criterios críticos e independientes. Significa haberles dado las herramientas, la suficiente capacidad para que sepan lo que quieren y que hayan adquirido una cultura básica y global. Se han de dar facilidades para que el alumno/a obtenga la titulación básica. Ahora bien, la obtención de ese título no es suficiente para pasar a la siguiente etapa, la Enseñanza General Superior (bachillerato), sin haber superado los conocimientos y destrezas establecidos a tal fin y que a lo largo de toda la etapa básica y común se pueden ir adquiriendo. O sea que desde primaria se ha de compaginar el proceso educativo con la adquisición de los conocimientos fundamentales.
La Enseñanza General Superior
También están englobados dentro de la secundaria la Enseñanza General Superior (bachillerato) y los Ciclos formativos. Esta etapa de la secundaria (de 16 a 19 años) se debe centrar en la trasmisión de una amplia cultura, por ello, en vez de llamarle bachillerato, le cuadra mejor la denominación de Enseñanza General Superior (EGS) Con la ESO se finaliza el proceso educativo, o sea el cultivo de las potencialidades de los alumnos/as, su desarrollo, y ahora hay que vestirlos, o sea formarlos culturalmente a través de la enseñanza. Lo que se necesita es una formación sólida y básica, dotar por igual al alumnado de una cultura general y superior, porque el bien social exige cierta cooperación y cierta comunidad de ideas e intereses entre los distintos especialistas. En atención a las diferentes aptitudes, se debe ofertar en el tercer curso una serie de materias troncales para que los alumnos/as elijan la que mejor les cuadre, según los estudios que desean continuar. Y no haría falta ni reválida, ni selectividad para acceder a la Enseñanza superior. En todo caso la selección se haría en los cursos iniciales de dicha Enseñanza superior.
La educación y la enseñanza son artículos de primera necesidad
La riqueza de un país está en el conocimiento, en el saber y en la formación o educación de sus ciudadanos. Un país que invierte en una mejor formación de sus ciudadanos es un país más competitivo. Un pueblo ignorante desperdicia sus recursos y se empobrece. Un pueblo educado prospera, aún en condiciones adversas. La educación contribuye, como ningún otro factor, al desarrollo económico y a la cohesión social. Si el sistema educativo margina a algún sector de la sociedad se resiente la convivencia, la paz social y la economía. La educación es un derecho fundamental de las personas, pero también es una necesidad social básica, pues la sociedad precisa de trabajadores profesionales, buenos técnicos, gente capacitada, pero, sobre todo, buenos ciudadanos. El sentido común de los que piensan en una sociedad justa, equilibrada y próspera, aboga por que todos los miembros de la sociedad estén lo más capacitados posibles para su propio bienestar, para que sean más productivos y para la dignidad de la convivencia. La educación pasa a ser un artículo de primera necesidad.
La educación es un servicio público básico
La educación es un servicio costoso, pero necesario. Creemos que quien tiene que hacerse cargo de su financiación es el que se beneficia de él. Como y dijimos más atrás, no son los padres los que se lucran de las profesiones de sus hijos/as. El que haya buenos médicos, buenos ingenieros, buenos comerciantes, buenos industriales…, buenos ciudadanos, quien sale ganando es la sociedad misma al aprovecharse de sus trabajos y de sus iniciativas. Por tanto, a quien le compete establecer y financiar el sistema educativo es a los organismos encargados de administrar y gobernar la sociedad, los Poderes públicos (estatal, autonómico y local) No les corresponde ni a los padres, ni a las madres, ni a ninguna entidad privada estructurar el sistema educativo, aunque, como es natural, les preocupe su buen funcionamiento. De ningún modo las Administraciones públicas deben delegar su responsabilidad de gestionar la organización educativa en manos privadas, las cuales persiguen, por fuerza, el beneficio económico o el proselitismo o las dos cosas a la vez. De la misma manera que ningún Estado, ni el más neoliberal, deja Defensa en manos de la iniciativa privada, la Sanidad y la Educación también han de ser gestionadas por los Poderes públicos, porque si aquélla defiende la integridad de la sociedad, la Sanidad se preocupa por tener a los ciudadanos/as sanos y útiles para que sean más rentables y la Educación se ocupa en desarrollar lo más posible las capacidades de las nuevas generaciones.
Además de su financiación los Poderes públicos deben implantar el sistema educativo de la forma más racional y equitativa posible. Creemos que los Ayuntamientos deben tener un importante papel dentro del sistema escolar, ya que es el poder público más cercano al ciudadano y conoce mejor que las demás Administraciones sus necesidades concretas, siendo, por ello, más sensibles para proporcionar una solución rápida a los problemas. Ningún Ayuntamiento consiente, si está en sus manos, que haya escolares de su municipio que estén años y años escolarizados en barracones, porque diariamente los padres y las madres estarían presionando para salir de esa provisionalidad y no le valdría la excusa que suelen dar las Administraciones alejadas al problema de que se está haciendo un gran esfuerzo y ahí aún no se ha podido llegar. Por ello los Ayuntamientos son los más idóneos para resolver los problemas de escolaridad. Los Ayuntamientos no deben tener, sin embargo, las competencias del personal docente ni de la política educativa, porque se necesita una homologación que ellos no pueden proporcionar. Ya hubo un antecedente en esta materia de nefasto recuerdo para el magisterio español. Con la ley Moyano de 1857 las escuelas públicas quedaron a cargo de los Ayuntamientos de los pueblos, los cuales habían de incluir en sus presupuestos municipales, como obligatorio, el gasto escolar tanto del personal como del material. Prácticamente toda la enseñanza primaria quedó en manos de las Corporaciones locales, pero, por su composición caciquil y por la precariedad de sus presupuestos, después de las desamortizaciones que tuvieron que sufrir los municipios, sirvió de freno a la extensión cultural y a cualquier espíritu de renovación. La mayoría de las escuelas se instalaron en lugares inadecuados, lúgubres, inhóspitos e insalubres y a los maestros les pagaban mal y tarde sus sueldos, cuando les pagaban. De ahí viene el dicho de “pasas más hambre que un maestro de escuela”.
El gobierno del Estado y los gobiernos de las Autonomías deben establecer, según sus competencias y asesorados por un Instituto Nacional de Desarrollo Curricular, los contenidos y objetivos generales, el Diseño Curricular Base, para que cada centro escolar los adecúe a sus proyectos educativos. El gobierno central debe dirigir la política de personal estableciendo las mismas condiciones de empleo y sueldo a todos los profesores/as. En los presupuestos de cada Autonomía deben figurar los gastos de los programas de formación profesional y de formación permanente, como también los gastos que originarían los planes de acogida de la población inmigrada, y también las subvenciones a los centros escolares de su autonomía. La Comunidad europea, el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos deben financiar todos los congresos, exposiciones, ciclos de conferencias, certámenes, sesiones de trabajo de puesta a punto y cursillos que se necesitan para tener preparado y actualizado a todo el magisterio. A los Consejos comarcales (en sustitución de las Diputaciones provinciales) debe corresponderles la instalación, gestión y control de los Centros de investigación, trabajo y deportes, así como también los Centros comarcales de prácticas de empleo.
Los distritos escolares
Como la población está irregularmente repartida, con municipios populosos y villas de escaso y disperso vecindario, si queremos una mejor ordenación del sistema educativo y conseguir unas unidades territoriales homogéneas se deben establecer LOS DISTRITOS ESCOLARES. Estos distritos escolares abarcarían de tres a cinco centros escolares de cada nivel (infantil, primaria, instituto, formación profesional), como lo más idóneo. Eso significa desglosar los municipios populosos y realizar una concentración con los de escaso vecindario. Esta debe ser la primera medida a tomar en una reforma educativa, que la llevarían a cabo los gobiernos autonómicos en cada autonomía. Para estar por encima de las naturales luchas electorales y de las polémicas partidistas y, así acometer una política eficaz y sin bandazos, se debe crear en cada distrito escolar una Comisión de cultura con un marcado carácter técnico, compuesta por el Inspector de zona, un arquitecto municipal, los directores de todos los centros escolares del distrito, los presidentes de las AMPAS, representantes de los sectores empresariales, sindicales, vecinales y presidida por el alcalde de barrio o de distrito o por un concejal de los Ayuntamientos concentrados.
Las principales competencias del Distrito escolar serían:
- La confección del mapa escolar de los centros escolares no universitarios. Ante la existencia de centros de titularidad privada la Comisión de cultura debe negociar o pactar con los patronos de esos centros a fin de que definan su carácter: si quieren que sean simplemente privados, privados concertados o alquilar o vender sus locales al Distrito escolar para que sean públicos. Si se opta por colegio privado sin ningún tipo de subvención que se organice según su criterio, sin más limitaciones que las que marcan las leyes vigentes. Si se decantan por la fórmula de la concertación, o sea, seguir siendo privados pero subvencionados con fondos públicos, pueden poner las cuotas a los padres como cualquier centro privado, pueden contratar al profesorado que estimen oportuno, pero con un equipo directivo y un Consejo escolar y un organigrama como en los públicos. Y han de admitir a todos los alumnos/as que les adjudique la Comisión de cultura, ya que una de sus misiones es hacer un reparto equitativo de los escolares más problemáticos. Hay que superar la división entre centros públicos y concertados, haciendo que estos avancen en la dirección educativa territorialmente integrada en forma conjunta con la escuela pública.
- Tener la titularidad de los centros escolares no universitarios, responsabilizándose de su adecuación, mantenimiento y limpieza.
- Dotar a los centros escolares del personal auxiliar, como administrativos, conserjes, ayudantes de escuelas infantiles, bibliotecarios, responsables de medios audiovisuales e informáticos
- Proveer de medios de transporte para los desplazamientos escolares.
- Elaborar el calendario escolar.
- Cooperar con las actividades de los centros escolares con las posibilidades que ofrece la ciudad (museos, visitas, itinerarios, etc.) y coordinar todos los recursos comunitarios, trabajadores sociales, mediadores culturales e instituciones de bienestar social y de seguridad para la atención de los alumnos y sus familias.
- Matriculación y distribución del alumnado en los diferentes centros escolares del distrito. Aunque en la distribución de los alumnos/as en los distintos centros escolares se ha de tener en cuenta la libertad de los padres a elegir colegio para sus hijos/as, la Comisión de cultura ha de velar por la continuidad pedagógica, por lo que los centros escolares en sus distintas etapas deben estar conectados unos con otros a fin de que se garantice el trabajo pedagógico y educativo
- Poder elaborar un plan de construcciones escolares, escuelas infantiles, de primarias, institutos y de formación profesional. En los centros de formación profesional se podrían ubicar viveros de empresas y nuevos yacimientos de empleo. La Administración central, para evitar el despoblamiento y compensar a las Autonomías con la población diseminada, debe presupuestar partidas para ayudar a los distritos escolares de concentración de pequeñas poblaciones para la construcción de los centros escolares necesarios y las vías de intercomunicación de los diferentes poblamientos. Los Ayuntamientos de los demás distritos escolares que han resultado del desglose de municipios populosos, son los que han de sufragar las construcciones escolares con la ayuda de los gobiernos autonómicos. A estos gobiernos autonómicos les debe corresponder el equipamiento y dotación de todo el material no fungible que necesiten los centros escolares, así como las bibliotecas de centro y las bibliotecas de aulas.
- Organizar y planificar la Formación profesional y la formación permanente con la participación de los agentes económicos y sociales y de la comunidad educativa. O sea conectar el mundo del trabajo con la formación.
- Establecer la cuota mínima que cada familia debe abonar para cada centro escolar y, a partir de ahí, las AMPAS podrían aumentar la cuantía que estipulasen. Con ese presupuesto los Centros podrían financiar el gasto fungible de las oficinas, aulas, talleres, laboratorios, departamentos (en las aulas infantiles la ropa y el material de limpieza que se use en los niños) y la luz, agua, gas, teléfono, seguros (de esta manera habría cuidado de no despilfarrar, como podría ocurrir si fuera financiado por las Administraciones públicas), pago de monitores/as y material de las actividades denominadas extraescolares. El comedor escolar solo sería abonado por los usuarios. El dinero que los padres se ahorran en libros de texto y material escolar privado (en el libro se argumenta las desventajas de los libros de texto) vendría a suponer, más o menos, lo que invertirían en esas cuotas, ya que gran parte del material de aula y el didáctico y de consulta de los profesores/as sirven de un año para otro. Los gobiernos autónomos subvencionarían a cada uno de los centros escolares de su autonomía, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, de manera que se compense con becas a aquellos con más carencias para equipararlos al resto, pues la igualdad de oportunidades es un valor esencial. En muchos padres y madres aumentaría la sensación de ser el colegio algo suyo, por lo que se sentirían más vinculados y habría más participación. Por otro lado se acortarían las distancias entre los centros públicos y los concertados.
La Enseñanza Superior
Este sistema de financiación está pensado para la educación básica, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Hasta los diecinueve años. La pregunta que nos podemos hacer es cómo se financian los estudios superiores. La Enseñanza Superior es, al mismo tiempo, un servicio público y un servicio individualizado. Tiene efectos benéficos para toda la colectividad, porque la cultura, la investigación, el desarrollo científico son rentables para el conjunto de la sociedad, tanto para el sector público como para el sector privado, pero al mismo tiempo es especialmente lucrativo para quienes la reciben, porque en nuestro contexto económico y social esta enseñanza supone un “status” social y un “status” económico superior a favor de las personas que la reciben. En el libro se aportan ideas al respecto.
En el libro se hace un estudio de las últimas reformas educativas habidas en España, se investigan los contenidos básicos de la educación, se analizan los principales problemas educativos (sobre el alumnado inmigrante, la conflictividad en las aulas, el fracaso escolar, la cuestión de la participación, la autonomía de los centros escolares, la educación obligatoria y común, los libros de texto, las clases de religión, la lengua en la escuela, el diseño curricular), se expone una estructura general del sistema educativo, se ofrece una novedad como son los Centros de investigación, trabajo y deportes y se trata la gestión y financiación del sistema educativo.
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