Después de que Domingo Fernández, Alcalde de Huércal-Overa, haya declarado ante el juez por su imputación en dos procedimientos judiciales, ahora es el turno de la concejal de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, Ana Belén Martínez Sánchez, que declara como investigada este viernes 4 de febrero ante el juez por un presunto caso de corrupción, el “Caso Mascarillas”, que forzó la dimisión del ex-vicepresidente de la Diputación de Almería y pareja sentimental de la edil, Oscar Liria, a quien se le imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, y contra la administración pública, según las informaciones publicadas por medios nacionales.
En concreto, éstos señalaban que “la trama de corrupción investigada cobraba, supuestamente, entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación de un contrato público de suministro de material sanitario en el arranque de la pandemia por importe de 2 millones de euros”.
Ante esta grave situación, el Alcalde ni ha solicitado a la concejal su acta ni la ha cesado de las competencias municipales que el propio Alcalde le otorgó por Decreto de Alcaldía, algo que perjudica seriamente la imagen del municipio y la confianza de los ciudadanos en sus representantes, máxime cuando la concejal ostenta la responsabilidad del área de Cultura y Turismo y, en calidad de tal, participa en múltiples eventos representando al municipio, como ya ocurrió el mes pasado en Madrid durante la Feria de Turismo FITUR.
Los socialistas de Huércal-Overa, que ya exigieron públicamente en semanas pasadas al Alcalde el cese de la citada concejal por su imputación, ahora reclaman que sea el propio Alcalde quien presente su dimisión por no haber procedido a dicho cese, y para no perjudicar más la imagen del municipio y la credibilidad de la máxima institución local.
Lo que tampoco llegan a entender y critican los socialistas del municipio es la actitud pasiva de la concejal de Ciudadanos, María del Mar Meca Acosta, quien está apoyando un gobierno municipal con varios investigados por la justicia. Los socialistas consideran que, por higiene democrática y respecto a las instituciones, la concejal de Ciudadanos tendría que romper su pacto de gobierno ya que los representantes públicos deberían ser rotundos en su condena ante presuntas corrupciones.
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