Los alcaldes de la formación anticapitalista no irán a declarar ante la Fiscalía, a pesar de que hayan sido citados como investigados por apoyar el referéndum.¿ Qué hará la justicia?, Detenerlos y convertirlos en mártires por la causa como pretenden, o inhabilitarlos. Sea como fuere la decisión que tome habrá de ser una decisión contundente por más amenazas de sacar las hordas anticapitalistas a la calle. En un estado de derecho un pulso como este no se debiera permitir. Ya hay bastante con las payasadas de un muchacho mal criado, del Rufian de turno para más señas que pretende convertir el congreso en un circo. Y por si fuera poco la CUP insta al resto de fuerzas políticas a actuar de la misma forma que ellos dicen que harán amparándose en "la ley del referéndum aprobada por la mayoría soberanista en el Parlament la semana pasada y en la legitimidad democrática mayoritaria de los catalanes y catalanas que quieren ejercer su derecho a voto el próximo 1 de octubre". una ley que ya no es tal tras ser anulada porr el Tribunal Constitucional.

La CUP sostiene además que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación. Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite de competencias vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad". Asimismo la izquierda anticapitalista considera que la actuación "demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado ordenando unas detenciones" es "con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

La formación política soberanista concluye el comunicado advirtiendo de que "responderán conjuntamente" ante lo que consideran una "estrategia represora del Estado" para que prevalezca "el mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación".

La guerra está servida. La CUP anuncia que desobedecerá a la justicia y asegura que ni uno solo de sus 30 alcaldes irá a declarar ante la Fiscalía.

Declaración esta hecha después de que la Fiscalía haya anunciado este mediodía que citará a los 712 alcaldes que han firmado decretos de apoyo al referéndum ante lo que LLoveras alcaldesa de Vilanova i la Geltrú ha manifestado: "Es un hecho insólito en Europa que hayan citado a más de 700 alcaldes por firmar un decreto de apoyo al Gobierno y al Parlament. Tenemos muy claro donde tenemos que estar y al lado de la ciudadanía", La primera edil ha señalado que tanto la AMI como la Asociación Catalana de Municipios han acordado una "unidad de acción" aunque ha dicho "Todos iremos a declarar: unos de forma voluntaria y otros no".

La Asociacion de Municipios por la Independencia se reunió ayer al mediodía en la sede de la Escuela de la Administración Pública de Cataluña donde los alcaldes tenían previsto asistir a un acto sobre la nueva agencia tributaria de Cataluña que el Govern tiene previsto poner en marcha. El presidente de AMC y alcalde de Premía de Mar, Miquel Buch, anunció que este sábado realizarán una concentración en la plaza de Sant Jaume para mostrar su rechazo a la manera en el que la justicia está actuando. "Cuando la justicia persigue a una persona, esta tiene un problema: pero cuando persigue a 700 alcaldes, el problema lo tiene la justicia",

Aunque molesto por la decisiíón judicial, no lo ha estado tanto como la CUP, que ha reaccionado de forma fulminante en contra de las citaciones anunciando que no acudiran al juzgado. En un comunicado, los anticapitalistas han invitado al resto de fuerzas políticas a actuar de la misma forma amparándose en "la ley del referéndum aprobada por la mayoría soberanista en el Parlament la semana pasada y en la legitimidad democrática mayoritaria de los catalanes y catalanas que quieren ejercer su derecho a voto el próximo 1 de octubre" y añade " ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite de competencias vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad". " El comunicado concluye advirtiendo que "responderán conjuntamente ante lo que consideramos una estrategia represora del Estado

La CUP cuenta con 30 alcaldes, entre ellos los de Sabadell y Badalona, dos de las siete ciudades más importantes de Cataluña. Estos dos, sin embargo, no pertenecen a la AMI y aún no se han pronunciado sobre si acudirán o no a declarar en la sede judicial.

Los mossos ya están preparados y advertidos para intervenir. El Mayor de los mossos Josep Lluis Trapero ha dicho que acatará el mandato judicial. Así las cosas y hasta el 1 de octubre, se espera un mes de septiembre caliente, tanto que desde el Govern ya han empezado a tomar medidas contra los díscolos. La primera ha sido el cese del presidente del Consorci d’Educació de Barcelona, Lluís Baulenas, que será sustituido por la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, precisamente nombrada en julio por su firme compromiso con el 1-O:

Barcelona es la ciudad más poblada de Catalunya y un problema para el Govern. Ada Colau aún no ha despejado la duda y por tanto en Barcelona, uno de los municipios que el Govern no sabe que hará, a día de hoy no se puede garantizar que haya colegios donde votar. Como saben el Govern ha instado al Ayuntamiento a ceder sus locales, pero la alcaldesa Ada Colau, ha solicitado garantías para no poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución. Esto es algo que el Govern no puede garantizar, de ahí que la Generalitat pretenda usar edificios de su titularidad sin obligar al Ayuntamiento a ceder los suyos, pues la administración autonómica dispone de una amplia red de inmuebles que pueden ser puntos de votación, como ya se demostró con la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014 y estos edificios son los centros educativos públicos de Infantil, Primaria, ESO y postobligatoria, gestionados por el Consorci d’Educació de Barcelona, que estan participados en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento.

Esta es la razoón por la que el Govern ha cesado al máximo representante de este órgano y lo ha reemplazado por Ponsatí, en quien recaería en última instancia la decisión de abrir institutos gestionados por el Consorci d’Educació de Barcelona, después de que el martes al inicio del curso escolar Baulenas declinara detallar su posicionamiento ante el referéndum del 1 de octubre.