El asalto al ayuntamiento tendrá con casi total seguridad consecuencias penales. De la gravedad de las mismas dependerá lo que diga el atestado que elabora la policía.
Luego será la Fiscalía y al juzgado de instrucción el que se encargue de investigar y valorar los hechos.
Entre los ilícitos penales que podían aplicarse por el asalto al ayuntamiento de Lorca estaría el de sedición cuyas penas serían de entre ocho y diez años de carcel para los participantes y hasta 15 para los cabecillas, por " alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o para quienes eviten que cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público” lleve a cabo el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones administrativas o judiciales", como así sucedió al tener que suspenderse el pleno.
Asimismo se podrían calificar los hechos como un delito de allanamiento de local que está castigado con entre seis meses y un año de cárcel, o desórdenes públicos, con tres años, también de un delito de atentado contra la autoridad, que está penado con hasta cuatro años de cárcel, de lesiones, en el caso de que los agentes hubieran sufrido daños y de amenazas está castigado con hasta cinco años de cárcel y el de coacciones con tres por las amenazas que sufrieron los concejales con frases como: " Os vamos a matar".
El alcalde de Lorca ha anunciado que van a personarse como acusación particular.
Además, varios concejales del PSOE y Unidas Podemos han relatado cómo los asaltantes se dirigieron a ellos con insultos y en tono amenazante e incluso que llegaron a dirigirles expresiones como "os vamos a matar".
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