Lorca cierra 2020 con la oportunidad perdida de aprovechar los 5,5 millones de euros que dejamos de ahorro para bajar impuestos. Esta medida rebaja es un acto de justicia. Donde mejor está el dinero es el bolsillo de los ciudadanos, estimulando el movimiento económico.
Los gastos de las familias se han disparado. El precio de la luz y el gas es un disparate, con una subida del 395% y la bombona de butano a 20 euros. Los impuestos tendrían que ajustarse a la realidad. Esperar hasta 2023 es una temeridad. Será tarde para muchas familias y negocios.
No sólo tenían la obligación moral de bajarlos, el dinero disponible y las manos libres, sino que estaban obligados por el mandato que recibieron del Pleno. Incluso Ceclor lo ha reclamado. Vivir en Lorca en 2022 será más caro. Nos cobrarán por todo.
Los datos indican que el municipio retrocede y deja de atraer inversiones. Los jóvenes que estudian fuera carecen de incentivos para volver. Hemos planteado esta realidad, pero el actual gobierno local se ha puesto una venda en los ojos y es incapaz de hacer frente al deterioro. Se han resignado a que Lorca sea una ciudad dormitorio. Cuando se demanda una reacción del Ayuntamiento, recibimos abandono e irresponsabilidad.
El Ministerio del Interior señala que Lorca presenta los niveles de criminalidad más altos de su historia. Los delitos se han disparado un 16%. Es la consecuencia de retirar a la Policía Local de las pedanías. La consultora AIS confirma que somos el municipio murciano con más familias en riesgo de pobreza, el 31%. El Instituto Nacional de Estadística nos sitúa como la segunda área urbana española más pobre. En vez de atajar estos problemas, se han lanzado al “pan y circo”, gastándose 92.500 euros en un concierto para 300 personas, del que esconden las facturas.
El municipio sufre la inestabilidad de un gobierno incapaz de transmitir certidumbre. Han asumido que están de paso y se marcharán en 2023. Por eso carecen de apoyos hasta para aprobar un presupuesto, ordenanzas fiscales o la mera cuenta general.
Los proyectos que siguen adelante son los que dejamos atados con el presidente Fernando López Miras, con actuaciones por 60 millones como la Plaza de Toros, ronda central, vial de los barrios altos, soterramiento del paso de San Antonio y mejoras en carreteras. El 95% de las obras que se hacen en Lorca las financia el gobierno regional.
Lorca necesita un nuevo Plan General que ponga el urbanismo al servicio de la gente y construir el Palacio de Justicia, bloqueado por el gobierno del PSOE durante dos años y medio, para impulsar la recuperación del casco histórico.
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