Los independentistas preparados para tomar la calle mientras el ministerio del interior se prepara mandando a Cataluña un gran número de policía y de guardias civiles.
Las leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña que ordenaban la celebración del referéndum, no tienen validez. Asi lo han decidido por unanimidad los magistrados del Tribunal Constitucional en el pleno que celebró ayer, apenas 24 horas despues de ser aprobadas, en el Parlament catalán . El siguiente paso será notificárselo personalmente al president Carles Puigdemont, a todo el Govern y a los alcaldes de Cataluña al objeto de que impidan y paralicen cualquier acto preparatorio de la consulta. De no hacerlo, les advierte que pueden incurrir en responsabilidad penal.
Pero mientras esto sucedía el Govern catalán ya solicitaba a los ayuntamientos catalanes que de manera obligada pusieran para servicio del referendum, locales municipales donde votar.
Los recursos se presentan contra la Ley del Referéndum, la convocatoria oficial de la consulta del 1-O, el decreto de medidas para organizar el plebiscito y la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, encargada del censo, las urnas y cuantas medidas y actuaciones esten relaccionadas con dicho referendum. Así la admisión a trámite supone la suspensión cautelar de la ley de referéndum como también la de los decretos relacionados con la convocatoria que quedan anulados de manera automática aunque de forma provisional por un periodo de cinco meses, por lo que de llevarse a cabo será ilegal y a buen seguro tendrá consecuencias.
Los magistrados no han necesitado entrar a debatir el fondo del asunto, ya que según la Constitución el bloqueo de esas normas es automático.Por consiguiente ni una sola de las acciones que quiera autorizar o desarrollar el Parlament catalán será legal desde esta momento, que de llevarse a cabo, quien las lleve, incurriría en un delito penal.
El Constitucional ha ordenado que se advierta por carta a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta y a los 947 alcaldes de Cataluña de que la ley esta anulada, ordenándoles además de manera clara y contundente que están obligados a impedir y a paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.
A pesar de ello, ni Puigdemont ni su partido, ni los partidos que apoyan la separación se han estado quietos y han alentado a las masas independentistas a tomar las calles y a presionar a los alcaldes que acatando el dictamen del Constitucional, no están por la labor de destinar ningún local municipal como colegio electoral.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía de que a pesar del dictamen, organizará el referéndum sean cuales sean las impugnaciones que pongan encima de la mesa: "Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia" , ha advertido asegurando además poco antes de conocerse el dictamen del máximo órgano judicial " que no teme lo que dicte el TC. La Generalitat mantiene los preparativos de la votación."
Tras esta declaraciones, Puigdemont le ha echado en cara a Rajoy "que en ningún momento se haya abierto a negociar la consulta", y ha atacado diciendo "que la reacción del presidente del Gobierno tras la aprobación de la ley del referéndum demuestra que España no es un régimen democrático, ante el que Cataluña, responderá con un tsunami democrático, con calles llenas de gente para celebrar el 1 de octubre." y considera que la disyuntiva está entre "la voluntad mayoritaria de un pueblo que quiere votar y un Gobierno que se niega a aceptar la realidad". "Después de seis años de guerra sucia aún estamos aquí, con mucha gente que dice: ¿Me puede explicar por qué no puedo votar?".
Si (
No(
