“No se trata de un mero cambio de terminología para convertirse en un texto más preciso y respetuoso, sino que busca modificar el enfoque de la realidad para que este sea más acertado y advierta sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado desapercibidas, como que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones”
La diputada regional y portavoz del PSRM en la Comisión especial de Discapacidad de la Asamblea Regional, Toñi Abenza, ha celebrado la entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/2021, de 2 de junio, promulgada por el PSOE por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Se trata de un texto que se centra en los términos “apoyo” y “respeto a la voluntad” con el objetivo de trasponer a la legislación española las reclamaciones de la ONU recogidas en el Convenio por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“No se trata de un mero cambio de terminología para convertirse en un texto más preciso y respetuoso, sino que busca modificar el enfoque de la realidad para que este sea más acertado y advierta sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado desapercibidas, como que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones”.
Esta modificación legislativa supone un hito histórico que, como consecuencia, elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. Además, aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos y separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.
“Se impone el cambio de un sistema, como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones”, ha destacado.
Toñi Abenza ha remarcado que la Región de Murcia necesita hoy más que nunca no dejar a nadie atrás. Y para ello se debe incluir a toda la ciudadanía. “Las personas con discapacidad quieren y deben participar en una sociedad más libre, abierta, inclusiva, justa y solidaria. Y en la medida que estamos consiguiendo ese objetivo debemos agradecerlo de forma fundamental al tejido asociativo organizado en torno a la discapacidad, como el CERMI, cuyo trabajo reconocemos como imprescindible”.
La diputada socialista ha subrayado que desde el PSRM “continuaremos trabajando por una sociedad en la que todas y todos participemos en igualdad de condiciones, en la que tengamos la oportunidad de tomar decisiones de manera autónoma e independiente, y en la que tener una discapacidad no sea sinónimo de pobreza o de exclusión social”.
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