Allí donde más duele

Varapalo económico que duele mucho más que el político el que el Tribunal de Cuentas les ha dado a los organizadores de la consulta ilegal del 9-N.

Al trámite han sido convocados el expresidente Artur Mas; la exvicepresidenta Joana Ortega; la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau y el exdiputado del PDeCAT Francesc Homs.

Ninguno de ellos tendrá que acudir personalmente a la cita pero sí tendran que rascarse el bolsillo para hacer frente al gasto que originó al erario público la consulta del 9-N declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y que éste ha cifrado en 5,1 millones de euros.

Así el Tribunal de Cuentas ha dejado claro que en caso de que no paguen, les embargarán sus cuentas e incluso sus bienes hasta cubrir dicha cantidad. El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas era esperado, lo inesperado, al menos para los afectados es que tuvieran que ser ellos a nivel personal quienes tuvieran que pagar. Lo que parece evidente es que el tribunal ha acelerado los trámites para que el expresidente y el resto de miembros de su Ejecutivo liquiden la cantidad antes de que se celebre el hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña previsto para el 1 de octubre, tanto, que incluso la fecha límite para que depositen los cinco millones cien mil euros por su responsabilidad contable y la merma que su acción produjo en las arcas públicas vence el 25 de septiembre. Por lo que sabemos dichas cantidades han sido individualizadas, es decir que cada cual pagará una cantidad dependiendo de la responsabilidad que cada uno de ellos asumió.

Ahora a la inhabilitación por delito de desobediencia al que Mas, Ortega, Rigau y Homs fueron condenados se suma el abono de los gastos ocasionados, que ellos creyeron que en caso de condena pagaría la Generalitad, así el Tribunal de cuentas no solo le ha dado donde más les duele sino que ha mandado un aviso a navegantes del que Junqueras, Puigdemont y tantos más habrán tomado buena nota.

Durante el procedimiento, la Generalitat ha expresado reiteradamente su disconformidad. La generalitad considera que el Tribunal de Cuentas no está legitimado para intervenir en esta cuestión al entender que en la jornada de participación del 9-N no se emplearon fondos procedentes del Estado y que de los 5,1 millones de euros, la mayor partida, 2,8 millones, se utilizó para la compra los ordenadores portátiles que sirvieron para gestionar las votaciones.

Tras conocerse el fallo, la respuesta de la Generalitad no se ha hecho esperar, tildando el mismo de sentencia política.

El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha retado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a fijar día, hora y lugar para abordar con la Generalitat el referéndum del 1 de octubre, tras acusarle de no querer hacerlo con los representantes del gobierno catalán y hacerlo solo con líderes de partidos estatales como Pedro Sánchez y Albert Rivera. "Si quiere escuchar, solo tiene que decir el día, el lugar y la hora". Se nota que hay miedo a las consecuencias que el referendum les pueda traer política y personalmente al saltarse la Constitución. El problema es que ya es tarde para dar marcha atrás.

Turull ha rechazado explicar como hará el Gobierno catalán y el Parlamento para aprobar la ley del referéndum, preguntándose eso sí como lo hará la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría para retirar la urnas, en clara contestación a lo que esta dijera: "No le voy a contar al señor Puidgdemont lo que voy a hacer para retirarles las urnas".

Estando así las cosas no se sabe aún si la Generalitat , JxSí y la CUP aprobarán hoy como dijeran la ley del referéndum y menos aún ha dicho si el Gobierno catalán prevé firmar el decreto de convocatoria del referéndum inmediatamente después de que se apruebe la ley y quién estampará la firma, aunque asegura que todos los miembros del gabinete firmarán el decreto de convocatoria: "Para todos nosotros será un honor".

En su comparecencia Turull ha tenido palabras para todos. También para los socialistas por el llamamiento a no participar en la votación del 1 de octubre, tildándola de "actitud incomprensible para un partido de raíces democráticas que durante año tuvo que luchar desde la clandestinidad." "Algunos que ya no están se pondrían las manos en la cabeza". Y para el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al que ha instado a que lea las leyes porque "un referéndum no es delito".

Los apoyos con los que cuentan aunque suficientes para aprobar la ley de de Referendum resultán insuficientes para dotar de legitimidad la misma. Son muchos en el PDeCAT los que darían en estos momentos, y tras conocer la sentencia del Tribunal de Cuentas, un paso atrás.

Por otro lado los diputados de Podem integrados en el grupo parlamentario de SíQueEsPot han anunciado que se abstendrán en la votación de la ley del referéndum. El acuerdo fe tomado en la tarde de ayer por el Consejo Ciudadano Estatal y afecta al díscolo secretario general, Albano-Dante Fachin, y a los diputados Joan Giner, Jéssica Albiach y Àngels Martínez. Los diputados trasladarán esta decisión al resto del grupo parlamentario para tratar de consensuar una posición conjunta en torno a esa abstención aunque la misma no se aprovase por mayoría. El 30% votó a favor de la ley, frente a la mayoría el 70% que ha votado por la abstención.

El consejo ha valorado que el texto que ampara la consulta "no es el instrumento que Cataluña necesita para resolver su situación política respecto al resto del Estado". "Se trata de un referéndum unilateral que no interpela a la totalidad de la población catalana que no cumple todas las garantías políticas y jurídicas ni tiene el reconocimiento internacional necesario." No obstante entienden que la convocatoria es "un acto de movilización política ciudadana legítima y llama a participar en ella." "La decisión es firme independientemente de lo diga el resto de los diputados de SíQueESPot, cuyo portavoz, Joan Coscubiela."