Piden acabar con la exclusión sanitaria que agudizada durante la pandemia de covid, sufren muchas personas migrantes en situación irregular.
En una concentración celebrada este pasado lunes a las puertas del Ministerio de Sanidad, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto-Ley 16/2012 (REDER) ha denunciado que miles de personas siguen excluidas del Sistema Nacional de Salud, pese a que el Ejecutivo modificara hace tres años la reforma del PP de 2012 que retiraba la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares.
"Pedimos al Gobierno que acabe de una vez por todas con la exclusión sanitaria. La normativa de 2018 solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación. Esto no es una sanidad universal, es una sanidad con muchos peros", ha aseverado la coordinadora de Incidencia Política de Médicos del Mundo, Eva Aguilera.
Según las organizaciones de REDER, la sanidad pública actual mantiene sin cobertura a grupos de personas vulnerables, como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o las que llevan menos de 90 días en España, y no protege de manera especial a menores ni a mujeres embarazadas.
Además, señalan que la ausencia de sanidad universal se ha agravado con la pandemia, durante la cual se han producido más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud, incluidos 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas, 44 mujeres embarazadas, 90 menores y 674 afectados por barreras administrativas, según datos de Médicos del Mundo.
Como resultado de estas exclusiones, muchas personas no han sido debidamente atendidas de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH o problemas de salud mental, además de no haber podido ser incorporadas al proceso de vacunación de la covid al no formar parte de las bases de datos de los sistemas sanitarios autonómicos, según denuncian las organizaciones.
"La pandemia nos ha vuelto a demostrar la importancia de una sanidad para todos. La exclusión de todas estas personas no solo pone en riesgo su salud individual, motivo por el que debería ser más que suficiente la actuación urgente del Gobierno, sino que compromete la salud colectiva al dificultar el proceso de vacunación", ha advertido la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), María Fernández.
Para recuperar la sanidad universal, las organizaciones de REDER han reclamado al Ejecutivo que tramite "de una vez por todas" y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que elimine la diferenciación en el derecho a la asistencia sanitaria entre las personas migrantes en situación irregular y la población con nacionalidad española o permiso de residencia.
Asimismo, piden que la nueva ley suprima el periodo mínimo de estancia como elemento necesario para obtener el derecho de asistencia y reconocerlo en base a la intención de permanencia en España, además de incluir a personas reagrupadas y de garantizar el derecho a prestación farmacéutica sin discriminar por situaciones de irregularidad administrativa.
"Hasta la tramitación de dicha ley, pedimos al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación", sentencian las organizaciones en su manifiesto.
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