El Gobierno se hará cargo de nueve autopistas

El Gobierno da el primer paso para hacerse cargo de la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra, así lo aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros. Las autovías quebradas se integrarán en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), que se encargará de su explotación hasta que se adjudiquen a una empresa privada a finales de 2020. La actuación busca minimizar el impacto en el déficit del rescate, aunque suaviza el conflicto que el Gobierno mantiene abierto con las actuales concesionarias y, por extensión, con fondos que compraron la deuda de las autopistas. Un enfrentamiento que, previsiblemente, acabará en los tribunales.

Los fondos sin embargo han dado la "bienvenida" al plan de reversión, aunque critican que "llega demasiado tarde" recordándole al Gobierno que ya tendría que haber fijado y pagado la indemnización de las autopistas en liquidación, que por ley tiene que abonar a los actuales dueños de las concesiones por quedarse con los activos antes de la finalización del plazo de explotación. Así, los fondos han exigido al Ejecutivo que empiece cuanto antes a fijar y pagar, acusándole de estar saltándose los plazos que presuntamente fija la ley. Unos retrasos que, según estas empresas, "devengan intereses de mora" sobre la indemnización, "encareciendo el coste final al ciudadano".

Así el Gobierno ya tendría que haber pagado la AP-36 (autopista Ocaña-La Roda) porque hace más de nueve meses que entró en liquidación y debería haber fijado la indemnización de la autovía Cartagena-Vera, de la circunvalación de Alicante, la autovía del aeropuerto de Barajas (M-12) y de la R4, que ya han entrado en la fase de liquidación. El resto de las autopistas (R3, R5, R2 y AP-42) están en concurso de acreedores.

Pese a las exigencias de los fondos, el Gobierno todavía no ha calculado el coste de la RPA, que a buen seguro será sustancialmente inferior al máximo de 3.400 millones calculado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que no prevé anunciarlo hasta que se resuelvan los procesos de liquidación y convenio de todas las autopistas y que pasen a manos del Gobierno.

Desde el Ministerio de Fomento dan por hecho que los fondos tenedores de la deuda no van a estar de acuerdo con la indemnización que fije el Gobierno en base a la legislación actual, por lo que el proceso terminará en los juzgados.

Aunque los propietarios de la deuda de las radiales ya están exigiendo que se agilice el cálculo y el pago de las RPA, también han querido dejar la puerta abierta a que se llegue a un acuerdo que resuelva el problema, ya que las negociaciones con el Ministerio de Fomento se rompieron hace meses y se descarta cualquier tipo de acercamiento.