El Pacto Antitransfuguismo, que nació en 1998 y que ha dado muchos frutos velando por la calidad democrática del país, es ahora utilizado de forma partidista por el PP, un partido que ha gobernado durante muchos años este país y que, ahora, deja de tener sentido de Estado.
“Desde el Partido Popular buscaban excusas para abandonar el pacto y seguir recurriendo a las malas artes a la hora de formar gobiernos. Lo que ya hicieron en Murcia lo repetirán, si fuese necesario en cualquier otra parte, porque su objetivo es gobernar para ellos y unos pocos, no para todos los ciudadanos y ciudadanas”, ha afirmado el Secretario de Organización socialista.
Del mismo modo, Arce ha manifestado que la compra de las voluntades de Álvarez, Franco y Miguélez supuso “el mayor acto de corrupción que se conoce en la historia de la Comunidad. La democracia está secuestrada, la Asamblea de la Región de Murcia ya no representa a las mayorías que eligieron los y las votantes en las últimas elecciones, que apostaron por el cambio y la regeneración”, ha finalizado.
Diego Conesa exige al Gobierno de López Miras que no externalice el local del 112 y aumente la inversión en recursos técnicos y de personal
El Secretario General del PSRM y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha exigido al Gobierno de López Miras que “rectifique y no externalice” el local del teléfono único de emergencias 112, “un servicio público esencial, cuya urgencia es aumentar la inversión en recursos técnicos y de personal”, tal y como piden los trabajadores.
Diego Conesa ha recordado que, desde 1998, el funcionamiento del 112, este servicio se ha prestado en instalaciones de la Administración regional, pero ahora, la Región de Murcia es la única comunidad que va a prestar servicio en un local que no depende de la CARM, lo que hace que la licitación del contrato aumente en más de 1 millón de euros.
“No puede ocurrir lo que ocurrió el pasado mes de agosto, cuando más de 5.000 llamadas se quedaron sin atender; ni lo que ha pasado en esta primera quincena de Junio, con varios centenares de llamadas sin atender, por la falta de personal, que es la inversión principal por la que tendría que estar preocupado el Gobierno regional”, ha señalado.
“No puede ser que se esté sacando a licitación un contrato externo y que el único aumento contemplado en los presupuestos regionales para este servicio vaya destinado a un local de una empresa externa, teniendo unas instalaciones en las que se ha invertido para mejorarlas en los últimos años. Lo realmente necesario es incrementar el personal y mejorar el servicio, en eso tendría que estar el Gobierno de López Miras”, ha añadido.
En este sentido, ha indicado que los presupuestos regionales para 2021 no prevén un aumento del presupuesto para solventar el déficit de personal, lo que supondrá un aumento de las llamadas perdidas en el teléfono único de emergencias.
Por su parte, la supervisora del servicio 112 y presidenta del Comité de Empresa, Purificación Sánchez, ha explicado que en 2016 el contrato salió por 7,9 millones de euros, y el actual contrato es por 9,2 millones. “Pero este aumento de presupuesto no va destinado a reforzar el servicio. La Administración regional lo va a destinar a sacar el servicio del local de la Dirección General y llevarlo a otro local de la empresa adjudicataria”.
Ha señalado que este servicio nunca se debió externalizar, porque “lo que prima ahora” para la Administración regional es el beneficio de las empresas adjudicatarias. “No hay una preocupación real por el servicio y por la ciudadanía”.
“Nuestro único interés es dar un servicio de calidad. Somos el primer eslabón con la persona que llama cuando tiene una emergencia y para nosotros es vital la calidad de este servicio. Es muy doloroso cuando estás con una llamada de emergencia y te ves impotente por no tener los medios necesarios”, ha concluido.
Gloria Alarcón: “El Gobierno de López Miras cuenta en su ejecutivo con personas que niegan las violencias machistas y eso es intolerable”
La Vicesecretaria General del PSRM y responsable del área de Igualdad, Gloria Alarcón, ha lamentado que la Región de Murcia “sea la comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género de toda España en el primer trimestre de 2021” y ha exigido al gobierno de López Miras un compromiso firme y contundente contra esta lacra.
“El Gobierno de la Región de Murcia está a la cola del país en medidas, programas y protocolos para erradicar las violencias machistas. Los alarmantes datos de violencias de género en nuestra tierra exigen contundencia y un compromiso firme del Gobierno regional. Algo que un gobierno formado por personas que niegan esta violencia no puede dar”, ha explicado.
Los juzgados de Violencia sobre la mujer registraron 1.491 denuncias en el primer trimestre del año en la Región de Murcia, prácticamente las mismas que en el mismo trimestre de 2020, en el que sumaron 1.499. Un dato que demuestra qué no se está trabajando para erradicar la violencia machista.
“Este es el resultado de que personas y partidos que niegan las diferentes manifestaciones de la violencia de género marquen las políticas del Gobierno de la Región de Murcia. López Miras ha incluido en su ejecutivo a personas de ultraderecha que niegan las violencias machistas y eso es intolerable”, ha apuntado Alarcón.
La educación es una herramienta fundamental para erradicar las violencias machistas. En este sentido, medidas como el veto parental son una amenaza que impiden su erradicación. Una de los principales objetivos de la censura educativa es borrar de las escuelas la educación contra las violencias de género.
“En la Región de Murcia estos datos toman mayor relevancia, porque ponen en evidencia la necesidad urgente de una educación afectivo-sexual y en igualdad”, ha recordado la Vicesecretaria General, quien ha exigido protocolos claros de actuación frente a las diferentes manifestaciones de las violencias machistas.
“Es necesario que se pongan en marcha y se refuercen programas de atención a las víctimas, que atiendas sus necesidades psicológicas, que garanticen su independencia económica de los agresores, tanto de ellas como de sus hijos, y alternativas de vivienda que les permitan una vida independiente en las que se garantice su seguridad”, ha finalizado Alarcón.
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