"Indulto a los presos independentistas catalanes", por Pedro Cuesta Escudero

'Indulto a los presos independentistas catalanes', por Pedro Cuesta Escudero
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miércoles 09 de junio de 2021, 11:47h
'Indulto a los presos independentistas catalanes', por Pedro Cuesta Escudero
Vivo en Catalunya y siento el orgullo catalán, aunque no soy independentista, ni separatista, ni siquiera nacionalista, pero tampoco nacionalista español al estilo rancio y excluyente. Catalunya merece un respeto, como todos los demás territorios, y me duele que muchos que no la conocen se atrevan a disponer de ella como si fuera un objeto. España es mi país y siento a Catalunya como una parte geográfica de ella, con su idioma propio, su historia, su idiosincrasia y su encanto. La condena de los independentistas fue justa y necesaria, porque fue una afrenta democrática que nos hizo temer por nuestro futuro y eso es condenable y reprochable. Decían que actuaban en nombre de los catalanes, lo que no es cierto, actuaban en nombre de unos determinados catalanes, y no tenían la legitimidad necesaria para llevar a cabo una declaración unilateral de independencia. ¿Cómo se llegó a esta situación? El independentismo como teoría siempre ha existido en el sentimiento de muchos nostálgicos. ¿Cómo han brotado tantos activistas independentistas?
'Indulto a los presos independentistas catalanes', por Pedro Cuesta Escudero
El blaverismo

Los activistas independentistas han surgido como reacción a la catalanofobia. La catalonofobia más hiriente empezó dándose en Valencia con el llamado blaverismo. El blaverismo es un populismo regionalista y conservador que hace del anticatalanismo su leitmotiv fundamental para construir una región lo más alejada posible de Cataluña. El blaverismo surgió como una reacción a la ideología pancatalanista que impera en Cataluña en las postrimerías del franquismo, que quiere englobar todo el ámbito de habla catalana en los denominados Països Catalans. Euskadi también reivindica todo el territorio del euskera –Euskal Herría-, que son las siete provincias: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Lapurdi, Boxwenafarre y Zuberoa. Las tres últimas componen Iparralde (zona norte) o País Vasco-francés. ETA quiso conseguir este objetivo mediante la lucha armada. En Cataluña también surgió Terra Lliure que lucha por la independencia de los Països Catalans, pero en 1991 se disuelve por no contar con el apoyo de la sociedad catalana.

Uno de los factores que explica la aparición del blaverismo es la reacción a la tesis del escritor valenciano Joan Fuster, quien defiende el pancatalanismo cultural y lingüístico. La tesis de Fuster gozó de gran éxito entre la intelectualidad valenciana por su componente antifranquista y rupturista que, a su vez, contagiará a todas las izquierdas, cuyos partidos políticos adoptan la bandera cuatribarrada y el nombre de País Valencià. Fuster afirmaba que “no es que (la bandera valenciana) sea igual (que la catalana), es la misma. Como el idioma es el mismo”. Fernando Abril Martorell, Manuel Broseta, Emilio Attard, entre otros, para frenar el avance del PSOE, del PCE y de los nacionalistas valencianos partidarios de una buena vecindad con Cataluña –que son tildados de catalanistas-, son los que imponen las tesis blavistas o anticatalanistas. En las negociaciones del Estatuto de Autonomía valenciano aceptan la bandera cuatribarrada, pero coronada con una franja azul (blava en catalán, de ahí el nombre de blaverismo), que era la bandera de Valencia ciudad. Imponen el nombre de Reino de Valencia frente al de País Valenciá. Pero para que no hubiera confusiones con el reino de España adoptan la denominación de Comunidad Valenciana. Pero lo que es más grave, se llega al secesionismo lingüístico del valenciano respecto del catalán, al declararse con categoría de lengua al habla valenciana como el idioma propio de la Comunidad valenciana.

La catalanofobia constituye verdaderas expresiones de odio como los atentados con bombas que recibieron en sus domicilios Joan Fuster y Manuel Sanchís o las agresiones físicas que sufrió el Alcalde de Valencia Ricardo Pérez Casado. Aunque lo normal era el uso cotidiano de la violencia de baja intensidad con el objetivo de desgastar a la izquierda política. El blaverismo ha penetrado como un “aliens” en la identidad valenciana hasta convertirse en la “ideología oficial” de la sociedad. El blaverismo se inyectó en las venas de la identidad valenciana. El sociólogo Vicent Flor afirma que “ser valenciano a estas alturas (gracias al blaverismo) es una forma de no ser catalán, sino anticatalanista”.

El PP valenciano asume el anticatalanismo

Gracias a un pacto con Unión Valenciana, partido que agrupaba a todo el valencianismo contrario a las tesis fusterianas, el PP accede a la Alcaldía de Valencia. El PP se presenta como el partido que defiende los intereses valencianos, asumiendo un anticatalanismo como referente discursivo. En 1995 el PP se hace con el Gobierno de la Generalitat valenciana y también con el Gobierno de las Diputaciones y de las alcaldías de las principales ciudades de la Comunidad Valenciana. Con el acceso del PP a las instituciones las entidades blaveras, como la Academia Valenciana de la Lengua o Lo Rat Penat reciben subvenciones millonarias. Los académicos que reconocían la unidad de la lengua catalano-valenciana son expulsados de la misma. En 2001 se constituye la Academia Valenciana de la Lengua como única autoridad lingüista de la Comunidad Valenciana, para dejar de estar subordinada al Institut d´Estudis Catalans. En el preámbulo de la ley que crea dicha Academia se dice:” El valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana”. Vemos que la catalanofobia da réditos electores, pues, al igual que la corrupción, se extiende a lo largo y ancho de las tres provincias.

Los papeles de Salamanca

Con el conflicto que hubo por los llamados “papeles de Salamanca” también se hizo catalanofobia, que alcanza su punto álgido durante el primer gobierno de Zapatero. El asunto se convirtió en un problema político e identitario por la férrea defensa del regreso de esos papeles a Cataluña por una parte importante de la población catalana, encabezada por la Generalitat de Catalunya, los partidos políticos catalanes y diversas entidades cívicas y culturales y por la igualmente firme oposición del Alcalde de Salamanca y el Presidente de la Junta de Castilla y León, ambos del Partido Popular, que calificaban la devolución como un “expolio”.

Cuando se produjo la caída de Cataluña en manos del franquismo a finales de Enero de 1938, las autoridades militares franquistas incautaron toda la documentación que pudieron encontrar en las sedes de las instituciones, partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones culturales e, incluso, domicilios particulares, para que sirvieran de pruebas con las que perseguir y juzgar a los que habían apoyado el bando republicano cuando la guerra. Toda esa documentación – carteles, revistas, periódicos, folletos, libros, incluso cartas particulares- se envió a Salamanca donde se encontraba el Cuartel General del Generalísimo para ser evaluados.

Durante la Dictadura esos papeles estuvieron vetados a los historiadores. En 1979 se creó la Sección Guerra Civil del Archivo Nacional de Salamanca. En 1995 la ministra socialista Carmen Alborch aprueba la devolución a Cataluña de los papeles incautados. Entonces el PP encabeza una movilización ciudadana para evitar esa devolución y recoge más de 97.000 firmas contra el traslado a Cataluña. En 1996 hubo elecciones generales ganando el Partido Popular y la nueva Ministra de Cultura Esperanza Aguirre convierte el archivo donde están los papeles en Archivo General de la Guerra Civil y dice que en Salamanca no sobran documentos. Y para dar fuerza se convocó una multitudinaria manifestación encabezada por Zaplana, Esperanza Aguirre, Ángel Acebes con una gran pancarta donde se decía: ESPAÑA Y ARCHIVO: UNIDAD.

Se judicializó este asunto y al final el 31 de Enero de 2013 el Tribunal Constitucional falló a favor del traslado, poniendo fin al conflicto,

El PP contra el Estatut de Catalunya

Como la catalanofobia le va tan bien al PP, no duda en extenderlo por toda España cuando en Cataluña se pretende reformar el estatuto que le otorgue la autonomía que le corresponde por su peculiaridad cultural, lingüista y nacional. El PP invirtió 500.000 euros en una campaña publicitaria contra la reforma del Estatut a través de carteles, pegatinas, inserciones en prensa escrita, en radio, en internet. Distribuye miles de trípticos y organiza actos por toda España para explicar su interesada versión sobre las consecuencias de la reforma del Estatut. Organiza recogida de firmas contra el Estatut por todas partes. Orquesta toda una campaña de boicot a los productos catalanes. En los mensajes se culpa a Zapatero de los nocivos efectos del nuevo régimen catalán sobre el resto de España. La propaganda del PP andaluz dice que el Estatut es un agravio a todos los andaluces, por lo que incorpora en su estatuto algunos de los artículos polémicos.

Tras las elecciones de 2003 al Parlament catalán forma gobierno un tripartito integrado por el PSC, ERC y ICV, aunque había ganado CiU liderado por Artur Mas. En el discurso de investidura Pascual Maragall afirma: “Creo obligado avanzar las líneas maestras compartidas por las fuerzas de la mayoría: consideración constitucional de la Generalitat como Estado –no como un Estado-, redefinición del ámbito competencial de la Generalitat, presencia de la Generalitat en la Unión Europea y en los organismos internacionales, colaboración entre la Generalitat y los gobiernos locales y mejora, evidentemente, de la financiación autonómica. […] Cataluña quiere una España plural que defienda y promueva como riqueza irrenunciable, todas las lenguas y culturas… Lo que queremos es lo que pasa en Suiza, que todo el país sepa que tiene cuatro idiomas […]”

Durante la campaña de las elecciones generales españolas de 2004 el líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero se obliga a apoyar la reforma del Estatuto que aprobara el Parlament de Catalunya si sale elegido. Los parlamentarios que redactan el nuevo Estatut se reúnen en Miravet, por eso a ese Estatut de 2006 se le conoce como Estatut de Miravet. Entre otros aspectos incluía las competencias que le deben corresponder a Cataluña, derechos y deberes de los ciudadanos catalanes, el régimen lingüístico y la financiación de la Generalitat. Cuando se conoce el borrador Zapatero, Jefe del Gobierno español, le hace saber a Maragall, President de la Generalitat, los límites que no debe traspasar el Estatut, para que no supusiera modificación alguna de las leyes orgánicas.

Después de un retoque en el Parlament el proyecto de estatuto se presentó ante el Congreso de los Diputados. El Partido Popular, por su parte, reclamó la celebración de un referéndum en toda España sobre el Estatuto, y comenzó una recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados no admitiera a trámite el proyecto. Pero el 2 de Noviembre de 2005, la Mesa del Congreso de los Diputados admite a trámite la proposición. Los temas más conflictivos de la propuesta fueron: la definición de Cataluña como nación, el “deber” de conocer el catalán, lo que lo equiparaba con el castellano en Cataluña, la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, el nuevo sistema de financiación y el blindaje de las competencias de la Generalitat. El 3 de Diciembre el PP convocó una concentración en la Puerta del Sol de Madrid en la que su líder Mariano Rajoy pronunció un discurso en el que las frases “No formamos una nación de naciones” y “No hay más que una nación, la española” fueron las más aplaudidas, y vitoreadas con gritos de "¡España, España!", por las decenas de miles de personas asistentes al mitin (200.000 según la Comunidad de Madrid)

Zapatero y Artur Mas alcanzan un acuerdo sobre dos temas conflictivos: se saca del articulado lo de la “nación” de Cataluña y en cuanto a la financiación se resuelve mediante un aumento de la participación de la Generalitat en los impuestos del Estado (del 35% al 50% del IRPF, del 40% al 58% de los impuestos especiales y del 35% al 50% del IVA). Al día siguiente, domingo 22 de Enero, Zapatero se reúne con los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós para intentar convencerles de que se sumaran al acuerdo alcanzado con Mas, pero no lo consiguió, porque los dos líderes independentistas insistieron en que la definición "Cataluña es una nación" debía figurar en el articulado y en que el nuevo sistema de financiación debía concretarse en cifras.

El acuerdo Mas-Zapatero agilizó la tramitación del proyecto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en la que participaba una delegación del Parlamento de Cataluña, y el 30 de Marzo de 2006 el pleno aprobó el proyecto con los votos a favor del PSOE, CiU, ICV y el voto en contra, aunque por razones opuestas, del Partido Popular y de Esquerra Republicana, al que se sumaron IU, PNV, Coalición Canaria, BNG y Eusko Alkartasuna. Nafarroa Bai y Chunta Aragonesista se abstuvieron. Había sido retocado en varios aspectos hasta el punto que el Diputado Alfonso Guerra llega a afirmar que “lo hemos cepillado (el estatut) hasta el punto que no lo conoce ni la madre que lo parió”. El 10 de Mayo el proyecto llegaba al Senado que lo aprobó sin ninguna modificación. En esta Cámara el PP volvió a votar en contra, pero en esta ocasión ERC se abstuvo. ERC argumentó su abstención en que, aunque estaba en profundo desacuerdo con el proyecto estatutario, quería dar la palabra a los catalanes para que decidieran sobre él, ya que la ajustada aritmética parlamentaria hacía que un voto negativo de ERC en el Senado tumbase todo el proyecto.

El domingo 18 de Junio de 2006 se celebró en Cataluña el referéndum sobre el Estatuto en el que ganó el SÍ, defendido por el PSC e ICV, con un 73,90% de los votos, mientras que el NO, apoyado por ERC y el PP, se quedó en el 20,76%, aunque la abstención fue del 50,59% (hubo un 5,3% de votos en blanco) El líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira acató el “veredicto del pueblo catalán”, pero señaló que la aprobación del nuevo Estatuto no significaba que “se ponga fin a las aspiraciones nacionales de Cataluña”, mientras que el líder del PP Mariano Rajoy consideró el resultado del referéndum como un “fracaso” del “proyecto personal de Zapatero”, como llamó al Estatuto, ya que “dos de cada tres catalanes no [lo] respaldan”, añadiendo a continuación: “Lo que exige un mínimo de patriotismo y de sentido común es paralizar esta operación de liquidación de la nación española”. Y el 31 de Julio de 2006 el Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, en el que se recurrían 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del mismo. Se le acusa al PP de falta de respeto a los catalanes que habían aprobado el Estatuto en referéndum y de menospreciar la idea de la “España plural”. ERC advierte que si el Constitucional aprueba el recurso presentado se pone en evidencia que Cataluña necesita otro marco constitucional que respete los derechos de los catalanes. CiU califica esta iniciativa del PP como agresión contra Cataluña.

Los independentistas toman la iniciativa

El 28 de Junio de 2010 el Tribunal Constitucional resuelve por 6 votos a favor y 4 en contra, declarando 14 artículos inconstitucionales. El 10 de Julio de 2010 hay una manifestación en Barcelona, considerada la más masiva de la historia de la democracia, donde predominan gritos, banderas esteladas y carteles a favor de la independencia de Cataluña. Resalta la pancarta con el lema “Som una nació, nosaltres decidim”. En la cabecera estuvieron presentes 6 presidents y expresidents (José Montilla, Ernest Benach, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, Joan Rigol y Heribert Barrera) de la Generalitat y del Parlament. José Montilla tuvo que abandonar la marcha protegido, porque tuvo un conato de agresión. Esta sentencia del Tribunal Constitucional marca un antes y un después.

2010 es el año en que empezó todo. Se produce un crecimiento espectacular de independentistas, a través de actividades de afluencia masivas que cada 11 de Septiembre organizan la ANC (Asociación Nacional de Catalunya) y Omnium Cultural a favor de la independencia de Cataluña, como una cadena humana de norte a sur sin interrupción, etc., que haciéndose de forma festiva, como si fuera una romería donde acuden familias enteras, se consigue una concienciación masiva hacia el independentismo. Y el Presidente Rajoy lo veía impotente pensado que ya bajaría esa tendencia como un soufflé. El 23 de Diciembre de 2010 Artur Mas es investido Presidente de la Generalitat, prometiendo ejercer el cargo con lealtad al rey, a la Constitución y al Estatut. La crisis económica le obligó a adoptar medidas para reducir el nivel de déficit de la Generalitat con la aprobación de recortes presupuestarios o bien con el aumento de tasas, en ámbitos como la Universidad o la Justicia, y la implantación de algunas nuevas como la de un euro por cada producto recetado por el Servicio Catalán de la Salud o la tasa turística, a pesar de haber tomado la medida inicial del mandato de suprimir el Impuesto de Sucesiones, junto con el descrédito de CiU por el escándalo de Pujol, lo que le ocasionó masivas protestas sociales hasta el punto que, en una ocasión, se vio obligado a ir al Parlament en helicóptero.

A raíz de la fiesta del 11 de Septiembre de 2012, marcada por la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana a favor de la independencia de Cataluña y con cerca de dos millones de asistentes (según los organizadores), y también de la negativa del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a negociar la propuesta de pacto fiscal aprobada por el Parlamento ese mismo año, Mas y CiU toman posición a favor del independentismo y convoca elecciones a la cámara catalana con el debate de la autodeterminación y del derecho a decidir como aspecto protagonista. Investido por segunda vez President el 21 de Diciembre de 2012, convoca un referéndum (ilegal) sobre la independencia para el 9 de Noviembre de 2014, lo que le valió una imputación. El Gobierno del PP, en vez de combatir políticamente para tratar de frenar el avance independentista, se limita a judicializarlo.

En Julio de 2015 se forma una candidatura única de independentistas llamada JUNTS per SI, integrada por CDC, ERC y las entidades ANC y Omnium, y en las elecciones al Parlament obtiene 62 escaños, la fuerza más votada, pero no mayoría absoluta. Con los votos de la CUP en contra Mas no sale elegido President. Gracias a un acuerdo con la CUP Puigdemont queda investido President el 10 de Enero de 2016. El nuevo President se concentra en tres objetivos: el proceso independentista, el referéndum del 1-O y la declaración de independencia. Mientras, la Generalidad contrae una deuda con sus proveedores de 2.000 millones de euros. Convergencia se refunde en un nuevo partido PDeCAT (Partido Democrático Europeo Catalán) En Diciembre de 2016 Puigdemont convoca el Pacto Nacional por el Referéndum y se aviene a intentar pactar el referéndum con el Estado español sin renunciar a convocarlo en caso de que fuera rechazado. Ante la negativa del Gobierno de Rajoy en Septiembre de 2017 el Parlament aprueba la Ley de referéndum de autodeterminación de Catalunya y la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República, que son declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional el 1 de Octubre de 2017. El Gobierno de Rajoy, aparte de presentar estas leyes al Tribunal Constitucional, no hace nada para evitar que se celebre el referéndum. Piensa que, por ser ilegal, no tiene validez alguna. Además cree que sin urnas no habrá referéndum. Quizás por tener a la policía distraída en el caso Kitchen o por desidia, el caso es que el día 1 de Octubre de 2017 todos los colegios electorales aparecen con sus urnas y los censos correspondientes. Lo único que se le ocurre al gobierno de Rajoy es enviar a las fuerzas de seguridad del Estado para que carguen contra la gente que fue a votar. Se producen escenas de violencia física, que desacreditan la imagen de España y envalentonan a los independentistas.

El 27 de Octubre de 2017, desde la tribuna del Parlamento de Cataluña se procedió a la Declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI) al amparo de los resultados del referéndum del día 1 de Octubre pero en contra de lo dispuesto en la Constitución española de 1978. Sin embargo, dicho documento (DUI) no se registró en el Parlamento, por lo que carecía de validez jurídica, como así lo reconoció Puigdemont unos días más tarde.

Aplicación del Artículo 155 de la Constitución española

Con el apoyo del PSOE el Senado español aprueba las medidas propuestas por el gobierno al amparo del Artículo 155 de la Constitución Española, entre ellas la destitución de Carles Puigdemont como Presidente de la Generalidad de Cataluña y a todo el Gobierno de Cataluña. Algunos del gobierno catalán acaban en prisión preventiva sin fianza acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Ese mismo día, 28 de Octubre de madrugada, Puigdemont, invitado por el ultraderechista Partido Flamenco, emprende viaje a Bruselas para esquivar la acción judicial. Sale de madrugada desde su domicilio de Girona agachado en la parte trasera de un vehículo simulando ser un bulto para así pasar desapercibido y desde Marsella toma vuelo a Bruselas. Desde entonces es considerado un fugitivo o un exilado, según las fuentes. El 3 de Noviembre la jueza Carmen Lamela cursa una euroorden de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro consellers de su gobierno que no habían acudido a la citación judicial por encontrarse en Bélgica, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxel Serret y Clara Ponsati; (también están fugadas Marta Rovira y Anna Gabriel) Dicha euroorden la retira el 5 de Diciembre de 2017, cancelada por el Tribunal Supremo, quedando solo vigente la orden de detención en territorio español. En Junio de 2018 el tribunal de Shlenwig-Holstein toma la decisión de extraditar a Puigdemont a España por el delito de malversación de fondos públicos, pero el Tribunal Supremo lo rechaza porque había de ser juzgado por un delito de rebelión.

Entre Octubre de 2017 y Julio de 2018 el juez Pablo Llanera coordina una instrucción a raíz de la cual se abrió acusación a 18 personas, el Gobierno de Puigdemon menos los huidos, los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Ciuxart, la Presidenta del Parlament Carme Forcadell y varios miembros de la Mesa del citado Parlament. El Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, dicta sentencia el 14 de Octubre de 2020 a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta; a Raúl Romeva, a Jordi Turull, y a Dolors Bassa 12 años de prisión y 12 de inhabilitación; a Carme Forcadell 11 años y 6 meses de prisión y otros tanto de inhabilitación; a Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años prisión y de inhabilitación; a Jordi Sánchez y Jordi Ciuxart 9 años de prisión y de inhabilitación.

Petición de indulto

¿Cómo se soluciona esta situación tan anómala cuando los que gobiernan Catalunya siguen siendo independentistas y con un irredento President en Waterloo que la justicia europea no extradita? La política debe servir para resolver conflictos y no para agravarlos. Y el indulto es el mejor y único camino para rebajar la tensión y mejorar la convivencia en Cataluña. El indulto tiene consideración política, de interés general, no jurídico. El indulto no anula el delito, lo que hace es conmutar la pena de cárcel, pero continúan con su inhabilitación. Los independentistas rechazan el indulto, porque piden la amnistía. Como el indulto es una gracia, el reo no está obligado a acogerse a él, puede seguir en la cárcel si así lo decide.

Hay que pasar página de la deriva de las identidades y hablar de Sanidad, de Educación, de Servicios sociales, de valores democráticos. Pedro Sánchez con los indultos piensa, en principio, con una mejora en la convivencia en Cataluña, porque ese esfuerzo por lograr la convivencia merece la pena. La radical deriva de Puigdemont y de Junts hace que el único interlocutor con el gobierno sea Esquerra. Pero éstos no han pedido el indulto al gobierno, por tanto no es cierto lo que la derecha española repite, una y otra vez, de que lo que busca Pedro Sánchez es perpetuarse en el poder con la ayuda de los independentistas. Los indultos sirven para “curar heridas” frente a la anti política o la indolencia que caracterizaba a Rajoy. El indulto no es nada que se haya sacado Sánchez de la chistera. Es un procedimiento habitual en la España democrática. Se ha utilizado para muchos y variados casos, desde condenados por delitos menores a personajes públicos con graves delitos. Seis de los indultos concedidos fueron aprobados con el informe contrario del tribunal sentenciador y el de la Fiscalía. El Gobierno de Rajoy indultó a cuatro Mossos d’esquadra con delitos de torturas y lesiones, a pesar que la Audiencia Provincial de Catalunya, que los había juzgado, se opuso a su liberación. Felipe González concedió el indulto al General Armada, condenado a 30 años por perpetrar un golpe de Estado.

¿Dejamos las cosas como están hasta que baje el soufflé? ¿Se aplica mano dura hasta que desaparezcan los independentistas? Con ese odio, esa indiferencia o esa ignorancia que destilan muchos se corre el riesgo que la inmensa mayoría de los catalanes se hagan independentistas y la situación se convierta en irreversible. Eso es lo que están buscando muchos activistas que juegan con las torpezas que cometen los que ellos llaman Madrid, para presentarse ante Europa y el mundo como víctimas de gobiernos opresores. Por ello éstos se oponen con más énfasis, si cabe, a cualquier medida encaminada a encontrar una solución dialogada o pactada que no sea la independencia de Catalunya. No les interesan los indultos. Además, al de Waterloo no se le puede indultar sin haber sido juzgado previamente. Los independentistas exigen la amnistía.

El PP, junto con Vox y lo que queda de Ciudadanos, las derechas españolas, se centran en la idea que la concesión del indulto legitima el discurso independentista y los convierte en ganadores, por tanto- alegan- constituyen una humillación al pueblo español por parte de Sánchez. El Jefe del Gobierno responde a la concordia y no a la venganza. Con los indultos no se piensa sólo en los afectados, sino en millones de ciudadanos catalanes y españoles que quieren vivir en paz y superar el desgarro emocional, social y político que supuso el 2017. Sánchez lo ha dejado claro: “Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas como están, enquistadas en 2017. Y eso no lo merece Cataluña ni el resto del país”.

La ex socialista y frustrada aspirante a la Secretaría General del PSOE y también expresidenta de UPyD crea Unión 78, una plataforma de activismo político para defender a los ciudadanos del Gobierno de Pedro Sánchez y convoca para el domingo de 13 de Junio una manifestación en Colón para afirmar “que no van a tolerar que el chantaje se convierta en un procedimiento político normal, como sucedería con la concesión de indultos a golpistas condenados y asegura que los indultos a los condenados por el procés no tienen otro propósito que conservar la mayoría parlamentaria para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. Se convoca la concentración para expresar el rechazo a la normalización de la injusticia y a los ataques a la unidad de la nación española por quien tiene la obligación de defender la Constitución y unidad de la Nación”.

A este acto que protagoniza “la sociedad civil” cuenta con el apoyo expreso del PP, de Vox y de Ciudadanos, pero sus líderes irán por separado porque les da vergüenza juntarse con Vox. El PP de Casado, siguiendo la línea catalanofóbica de sus antecesores, se dedica a recoger firmas contra la posible concesión de indultos, al tiempo que presentará mociones en los ocho mil ayuntamientos de España para que los partidos se pronuncien. Quieren saber qué votará el PSOE de Page o el de Ximo Puig. El objetivo de Casado es fomentar la división del PSOE “Todas las vías son buenas para expresar el malestar”.

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