El pasado jueves Herenia Trillo, presidenta de Alianza Cívica presentó ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia contra Vox al que acusa de los presuntos delitos de "financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal, malversación de caudales públicos y organización criminal”.
En el escrito se relatan la serie de hechos supuestamente delictivos que a juicio de los denunciantes, podrían suponer “pruebas o indicios de diversos delitos en relación a las cuentas del partido político Vox”.
Acompañan los demandantes en su escrito las "testificales de exaltos cargos de la formación y 19 contundentes anexos de prueba documental".
En el ecrito argumentan: "Entre los supuestos hechos que creemos probados destacan graves inconsistencias en las contabilidades nacionales y provinciales del partido, mensajes de altos cargos reclamando sobres con dinero recaudado en donaciones, pruebas de un posible falseamiento del número de afiliados que justificaría ingresos de procedencia desconocida disfrazados de cuotas, facturas sin CIF ni registro con las que Vox cargaría a cuenta de sus cargos locales los gastos de sus actividades y mecadotecnia, que además venderían en contra de lo estipulado en la ley de Financiación de Partidos Políticos y emplearían para un presunto fraccionamiento de donaciones o el anómalo alquiler y reforma de su antigua sede central, propiedad de la empresa de su vicepresidente primero a cargo de las cuentas del partido, para su posterior realquiler al instituto afín a la política francesa Marine Le Pen”.
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