El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores, que componían la tripulación del yate Fortuna al que Juan Carlos I renunció en 2013.
El importe pagado por los españoles para satisfacer los caprichos del emérito fue de 1.235.441 euros.
Así se recoge en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha dado al senador de Compromís, Carles Mulet, que pedía explicaciones al Gobierno del coste por el "despido improcedente" de los diez trabajadores de este yate.
Así de las explicaciones del Gobierno se desprende que en el año 2013 el rey Juan Carlos I renunció al yate Fortuna y que como consecuencia, se puso fin al contrato de mantenimiento del yate que Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia S.A.
De tal menera qu el Estado hubo de hacerse cargo del pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores.
Dicho pago se tramitó a través de un crédito extraordinario financiado mediante una transferencia del Ministerio de la Presidencia.
Para asumir dicho gasto de más de 1,2 millones, se tramitó una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2013.
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