Carmina Fernández ha explicado que el Ministerio destinará 40 millones de euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia a la clausura de depósitos mineros en la Región de Murcia, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, para evitar “el grave impacto medioambiental que supone una amenaza para la salud de las personas y para el medio ambiente”.
A esta cantidad hay que sumarle los 30 millones que el Gobierno de España invertirá para la reparación ambiental y la prevención de inundaciones en las ramblas de Las Matildes, Ponce, El Beal y Carrasquilla, con lo que se evitará la llegada de restos mineros al Mar Menor.
Además, la parlamentaria socialista ha recordado que en Diciembre de 2020 el Ministerio de Transición Ecológica decidió invertir 4 millones de euros en la clausura y restauración de la balsa El Lirio, hasta completar los 74 que el Ministerio invertirá en la Sierra Minera.
“Sin embargo, el Gobierno de López Miras no ha invertido nada. El PP no ha destinado ni un solo euro a la restauración ambiental de la Sierra Minera, pese a tener previsto en los presupuestos regionales para 2020 una partida de 4,5 millones de euros, que no han ejecutado por su incapacidad y falta de interés por resolver los problemas reales de la Región”, ha indicado.
Carmina Fernández ha denunciado que, lejos de resolver los problemas, “el Gobierno regional ha mirado hacia otro lado, con anuncios y planes vacíos como el PRASAM, permitiendo la impunidad de los responsables de la contaminación y negándose a resolver un problema que está perjudicando la salud de los vecinos y vecinas de la zona, así como el medio ambiente, desde hace décadas”.
“Estamos ante uno de los grandes retos medioambientales de Cartagena y su comarca, y después de tantos años de vacío por parte de los gobiernos del PP, el Ministerio, de manera clara, con una apuesta presupuestaria decidida, toma las riendas de la descontaminación de la Sierra Minera, preocupándose así por la salud de los vecinos y vecinas de esta zona de Cartagena y La Unión, por el medio ambiente y por el Mar Menor”, ha concluido.
El PSOE mantiene la mano tendida para negociar los presupuestos, pero sin vetos parentales
Antonio Espín recuerda que hace más de dos meses que Diego Conesa ofreció al Gobierno regional su apoyo a los Presupuestos para 2021, siempre que destinara gran parte de los 600 millones extra que llegarán este año a la Región al refuerzo de los servicios públicos básicos. “Sin embargo, el PP prefiere abrazarse de nuevo a Vox” .“Nuestro sistema educativo está ávido de inversión, urge un plan de choque en nuestros escolares públicos y recuperar las plantillas docentes perdidas hace más de una década. Perder esta oportunidad sería un grave error que la ciudadanía no nos perdonaría”.
El Diputado regional socialista Antonio Espín ha asegurado que el PSRM mantiene la mano tendida para negociar los presupuestos regionales de 2021, pero sin vetos parentales, sin censuras, y centrados en las necesidades reales de la Región de Murcia, “un acto de responsabilidad que es preciso en un momento tan crítico como el que estamos atravesando”. Ha recordado que el pasado Noviembre Diego Conesa presentó el plan de urgencia educativo para la Región de Murcia, una de las cuatro medidas que ha puesto encima de la mesa para las cuentas. “Se trata de una propuesta realista, ajustada a las necesidades de nuestro sistema educativo y cuyo coste supondría solamente una cuarta parte del dinero extra que llegará a la Región a lo largo de este ejercicio, gracias al enorme trabajo que ha realizado el Gobierno de España”, ha señalado.
Antonio Espín ha asegurado que el sistema educativo público regional está ávido de inversión. Tras los recortes de la anterior crisis económica, este servicio se ha ido resquebrajando duramente, con 3.000 puestos docentes menos, con escasez de recursos en las aulas y con una ausencia total de inversión en los centros, que presentan importantes necesidades estructurales. En este sentido, ha dicho que los presupuestos regionales deben incluir un ambicioso plan de reforma y ampliación de centros educativos públicos, la aceleración del plan regional de desamiantado, la creación de nuevos comedores escolares en aquellos centros que tengan demanda y carezcan de este servicio, la ampliación del transporte escolar gratuito a las etapas postobligatorias, y un programa piloto de actividades extraescolares gratuitas.
“A esto debemos sumarle la progresiva recuperación de las plantillas docentes, hasta recuperar los puestos perdidos en la última década, el impulso de la Formación Profesional, la especial atención a las necesidades de la Escuela Rural, y la vuelta inmediata a la presencialidad educativa en todas las etapas, que debe llegar, como muy tarde, tras las vacaciones de Semana Santa”, ha añadido. Sin embargo, ha recordado que, después de casi tres meses, López Miras no ha respondido a la propuesta del PSOE y ha preferido volver a buscar aliados en la extrema derecha, cuya condición para el apoyo a estas cuentas es, de nuevo, la implantación del veto parental en la Región.“ Lo verdaderamente asombroso es que el PP haya cedido ante este disparate, que ya el pasado mes de Marzo el TSJ suspendió de manera cautelar, confirmando la ilegalidad, inmoralidad e improcedencia que habíamos denunciado desde la implantación de este regresivo y anacrónico derecho a censura en nuestras aulas”.
El Diputado socialista ha denunciado que, utilizando la educación como moneda de cambio para conseguir los votos de la extrema derecha, el PP pone de relieve el cinismo que le caracteriza y la nula capacidad para negociar con los partidos que sí ponen encima de la mesa las necesidades reales de la Región. “Ciudadanos deberá elegir para el apoyo a los Presupuestos entre el PSOE, sin censuras educativas, y la derecha extrema, con vetos parentales. Está en su mano y no valen medias tintas, pues si, finalmente, hay espacio para el veto parental en la negociación, el PSRM estará, pero enfrente, con toda la fuerza, defendiendo con uñas y dientes el respeto, la tolerancia, la igualdad entre hombres y el derecho de los menores a una educación plena”, ha concluido.
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