La Enseñanza superior es un servicio público y un servicio individualizado
La Enseñanza superior es, al mismo tiempo, un servicio público y un servicio individualizado, es decir, se presta a unas personas concretas y determinadas. Es un servicio de utilización no obligatorio o necesario desde el punto de vista individual, pues nadie debe estar obligado por ley a seguir unas enseñanzas universitarias. Pero para el conjunto de la sociedad es necesario que haya universitarios y Universidades.
La Enseñanza superior tiene efectos benéficos para toda la colectividad, porque la cultura, la investigación, el desarrollo científico y el tecnológico son beneficiosos para el conjunto de la sociedad, tanto para el sector público como para el sector privado. Los empresarios y el sector público necesitan profesionales. Los aspectos culturales también son muy importantes, seguramente lo más importante.
Pero, por otra parte, la Enseñanza superior es especialmente beneficiosa para quienes la reciben, porque en nuestro contexto económico y social esta enseñanza, aparte de la elevación del nivel cultural, supone un “status” social y un “status” económico privilegiado a favor de las personas que la reciben.
No es admisible la gratuidad total de la Enseñanza superior
En estas circunstancias si paga el Estado todos los gastos de esta Enseñanza superior supone que son todos los ciudadanos/as quienes lo pagan, la hayan recibido o no. Por tanto una parte debe ser pagada por los interesados, puesto que hay un beneficio personal específico. No es admisible, pues, la gratuidad de la Enseñanza superior.
En EE.UU. los estudiantes se costean todos los estudios. En los países nórdicos estas enseñanzas universitarias son prácticamente gratuitas, pero es que allí se pagan altos impuestos. En Alemania hay una dura selección para entrar en la Universidad.
Como España tiene una realidad social, política y económica distinta creemos que las Administraciones Central y Autonómicas son las que deben sufragar las dos terceras partes del gasto que originan las Universidades. Las Universidades han de tener una subvención fuerte destinada, entre otros asuntos, a los sueldos del personal docente y a la investigación. El otro tercio debe ser cubierto por el alumnado a través de las matriculaciones. Esas tasas de enseñanza deben ser uniformes en todo el territorio español, en todas las Universidades españolas, aunque el coste sea diferente según las Facultades. La matrícula paga los servicios académicos y el seguro escolar. Ahora bien, la repetición de cualquier asignatura debe tener recargo.
Sin sobrecarga de intereses
En la medida que la Universidad busca en términos reales reproducir élites, el sistema financiero que lo sustenta es regresivo: la totalidad de la sociedad paga un servicio que luego se destina casi en exclusividad a satisfacer las necesidades de sectores privados de esa sociedad, en concreto, de la clase dominante. Por ello y para que se respete la igualdad de oportunidades y nadie quede postergado en el acceso a los estudios superiores por cuestiones económicas, la propia Administración central debe financiar los estudios sin sobrecarga de interés a aquellos alumnos/as que lo necesiten. Habrá alumnos/as que requerirán que se les pague, no solo los estudios, sino también el mantenimiento y los gastos de libros, material, desplazamientos…, pues de otra manera no podrían estudiar. Y cuando el estudiante termine la carrera y empiece a trabajar, debe ir revirtiendo al Estado el capital prestado, pero sin sobrecarga de intereses.
A los que viven con sus familias fuera de la ciudad donde está ubicada la Universidad se les debe subvencionar a través de becas los gastos de residencia. Este coste no debería ser devuelto, pues en caso contrario los que viven en los pueblos pequeños y apartados estarían en desventaja. Y para estimular el aprovechamiento, los alumnos/as de notas brillantes deberían ser premiados con becas. Los alumnos/as del último curso de grado, primer curso de máster oficial o cursos de doctorado recibirían becas de colaboración, o sea recibirían una prestación económica a cambio de trabajar en algún Departamento de la Universidad.
Por otra parte se debe potenciar el carnet joven (a los jóvenes de 16 y 30 años) con el que se podría acceder a numerosos descuentos en transportes, alojamientos, actividades culturales (museos, galerías, lugares históricos), restaurantes…
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