Como para los dirigentes de la II República española la escuela debía ser un instrumento para crear ciudadanos libres y comprometidos con las ideas del pluralismo, la tolerancia y la democracia, los objetivos que marcan en el campo educativo y docente son la escuela única y la socialización de la cultura. La escuela única significaba la equiparación de todos los niños/as en cuanto a las facilidades para la educación, sea cual fuere su posición económica y social, su confesión religiosa y su sexo, la supresión de la escuela confesional, el establecimiento de la coeducación (niños y niñas en la misma aula), la sustitución de las escuelas públicas y privadas por una escuela básica común a todos los niños/as, la unión de la primera y segunda enseñanza y máximas facilidades para el acceso a la Universidad.
Socializar la cultura suponía reconocer, promover y al final garantizar la igualdad de los españoles ante la educación. Como la enseñanza privada estaba casi totalmente en manos de las órdenes religiosas, firmes aliadas del régimen sustituido, la conclusión era manifiesta: la República debía “nacionalizar” la cultura, nacionalizando de paso las instituciones docentes. Para evitar su desaparición la Iglesia española procedió a transferir las escuelas de las órdenes religiosas a organizaciones católicas como la Conferencia Católica de Padres de Familia (CONCAPA), la Sociedad Anónima de Enseñanza Libre, Cruzados de la Enseñanza, Federación de Amigos de la Enseñanza. Esta última se transforma en 1957 en Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE)
El triunfo del franquismo
Con el triunfo del franquismo la Iglesia recupera sus antiguos privilegios. Estado e Iglesia vuelven a identificarse y unen sus propósitos ideológicos-educativos surgiendo lo que ha venido a llamarse nacional-catolicismo. El retorno a los esquemas oscurantistas y escolásticos abre las puertas a la opción de las fuerzas retardatarias de las clases dominantes, para las cuales es necesaria la ignorancia de las masas populares para mantener el poder de clase. Se agudiza, pues, el carácter dual en la estructura de la enseñanza, escuelas privadas para ricos y escuelas nacionales (públicas) para pobres. La de los ricos es regentada mayoritariamente por las órdenes religiosas, las cuales se encuentran en una situación privilegiada por su ideología coincidente con el Nuevo Régimen y por la infraestructura de sus centros. Las otras, las nacionales, abandonadas, sus maestros represaliados y con notorias condiciones de inferioridad material, donde se amontona un excesivo número de escolares. Se prohíbe la coeducación y se vuelva a aplicar el dicho de que “la letra con sangre entra”. Se impone lo que antes había criticado la Iglesia, el monopolio docente de un Estado totalitario que imprime sus criterios con memorismo, autoritarismo, orden, silencio, disciplina, castigos, represión, implantación de pautas morales rígidas y adoctrinamiento de verdades inmutables. Se obliga a los alumnos/as, dirigidos por sus maestros/as, a la asistencia a Misa, a los rezos del rosario en la clase, al mes de María, a las izadas de bandera y se amenaza con las penas del infierno. El bachillerato de siete años comenzaba a los diez años y tras el famoso Examen de Estado ingresaba en la Universidad la minoría que lo había iniciado. Tras la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media del 26 de Febrero de 1953 se establece un Bachillerato Elemental y reválida para dar salida a las carreras medias y un Bachillerato Superior y Preuniversitario para ingresar en la Universidad.
A comienzos de los años sesenta se entra en España en una fase del capitalismo monopolista del Estado, que obliga a una serie de cambios en la estructura escolar, ya que las exigencias de la industrialización y de la reestructuración del capital español necesitan una mano de obra diversificada y especializada, con un mínimo de cualificación. A partir de ahora las posiciones de los distintos sectores y grupos dominantes ya no son homogéneas. Los tecnócratas del Gobierno franquista difunden la tesis de la rentabilidad económica de la educación, que lo corrobora el informe del Banco Mundial. Y se aprueba en 1970 la Ley General de Educación Básica (EGB)
Subvención a los centros privados
La elaboración de la Constitución de 1978 fue el primer momento clave para intentar construir un nuevo modelo educativo. Pero a lo largo de 1977-78 los sectores más retrógrados y partidarios de una escuela confesional, en alianza con los más inmovilistas del sector privado de la enseñanza, desencadenan una guerra escolar con carácter poco menos que apocalíptico. Al no poder continuar con una escuela confesional obligatoria a todos en un Estado democrático y laico, pero sintiéndose fuertes después de cuarenta años de monopolio, vuelven a exigir la libertad de enseñanza. Y tras un duro y apasionado debate se prueba el Artículo 27 de la Constitución, en donde se reconoce la libertad de enseñanza. Aunque, también, es el punto de partida para que se pueda desarrollar una educación íntegra a todos los miembros de la sociedad. De los conceptos libertad y educación se puede deducir: libertad de crear centros, libertad de elegir centros, educación para la libertad, educación como liberación. La libertad para crear y dirigir centros no garantiza necesariamente que en ellos se eduque para la libertad. Pero para que la educación sea liberadora se precisa, sin embargo, que el sistema educativo no sea discriminatorio.
Como las escuelas públicas han de ser laicas por necesidad, al ser patrocinadas por un Estado aconfesional, para que realmente tengan libertad de opción las familias que quieran mandar a sus hijos/as a los colegios cristianos, El Estado ha de subvencionarlos. Es el argumento que esgrimen los patronos de la enseñanza privada ante la alarma de perder clientes, ya que durante la Transición muchos sectores progresistas de las clases medias preferían las escuelas públicas por motivos ideológicos. Se pensó en el “cheque escolar”, es decir que el Estado entregara un cheque a las familias que optaran por la enseñanza privada para que no tuvieran problemas a la hora de escoger centro. Se desechó por el costo que suponía y que a los centros privados irían alumnos/as no deseados por los clientes habituales.
Aunque no había el necesario desarrollo reglamentario diversas disposiciones de los gobiernos de UCD concedían subvenciones a centros privados en una cantidad cada vez más creciente que contrastaba con el ritmo parsimonioso del incremento de las inversiones en la pública. Por otra parte la UCD aprueba la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que privilegia los derechos del titular del centro privado sobre los de la Comunidad escolar y supeditando la libertad de cátedra a su ideario.
Con el PSOE en el poder se inicia un proceso de reformas de la enseñanza con un nuevo modelo de escuela pública. Y el 3 de Julio de 1985 promulga la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que potencia la escuela pública, establece como educación obligatoria la EGB (de 6 a 14 años), la participación de la comunidad escolar se vehicula a través del Consejo escolar, que es quien elige al Director y se ha de tener respeto total a la libertad de conciencia. Esta ley es ampliamente contestada y llevada al Tribunal Constitucional por la Coordinadora de la Libertad de Enseñanza, integrada por la Conferencia Española de Centros de Enseñanza, la FERE, la CONCAPA y la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Esta “banda de los cuatro”, como se la denominó, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, organizó las manifestaciones más numerosas de la Transición. Lo peor de esta historia es que no hubo enfrentamiento de intereses, sino tergiversaciones, se confundía tolerancia con falta de respeto a las convicciones personales y laicidad con estatalismo o “dogmatismo de izquierdas”. A esta presión se une la huelga de estudiantes de 1987 y la gran huelga del profesorado de 1988, que obligan al Gobierno socialista a transigir con tal de que se consolide el sistema educativo. Además el Estado no estaba en condiciones de financiar todo el sistema educativo por lo que establece como alternativa de apoyo ante la falta de infraestructuras en zonas con muchos niños la concertación de centros privados. (Centros privados subvencionados por el Estado). Los centros concertados, en vez de ser una solución coyuntural, van marginando a la escuela pública. Ahí precisamente está el germen del fracaso de las reformas educativas.
Con la llegada al poder de las derechas el gasto público en los centros concertados se ha ido incrementando en España hasta el punto de llegar a ser uno de los mayores en todos los países de la OCDE. Resultado de todo esto es que hoy la educación y enseñanza es más clasista que antes de la LODE, con unos centros concertados que seleccionan al alumnado y no contribuyen a la cohesión social, y unas escuelas públicas que cada vez son más centros asistenciales que educativos y que afrontan con escasos recursos los retos de la marginalidad y la masiva inmigración. Y aquí surge la paradoja: una reforma pensada para igualar, para dar más posibilidades a los más necesitados, se convierte en la mejor reforma para todos aquellos que nunca han querido una auténtica democratización de la educación.
¿Cómo lo solucionamos?
Si (
No(
