Ante éste sombrío panorama solo cabe esperar una respuesta inmediata por parte del Gobierno de España, que es lo que espera este sector tan duramente castigado por la pandemia vírica. Hace varios días, Pedro Sánchez –que no se distingue precisamente por ser un buen comunicador- anunció en La Rioja un plan de choque para ayudar a la hostelería española, que tantas semanas lleva reclamando partidas presupuestarias estatales. Pero según pasan los días todo indica que los hosteleros tendrán que seguir esperando para saber algo concreto, porque como afirman a este Incoloro “a nosotros no nos han informado de nada, ni nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros” para seguidamente asegurar que “sabemos bien poco” de esta iniciativa.
Sánchez hizo su anuncio sin concretar cifras, fechas ni medidas. Se limitó a anunciar que “próximamente” verá la luz en el Consejo de Ministros –presumiblemente mañana martes- un “plan de ayudas complementarias” para el sector del turismo, el transporte, el pequeño comercio, el ocio y las actividades culturales. Serán, dijo, un paquete de acciones “que completarán” las medidas que ya están tomando las comunidades y los ayuntamientos.
A pesar del anuncio gubernamental, que probablemente contará con los gobiernos autonómicos y consistorios municipales, las patronales ya se empiezan a temer que este no será un plan con entidad propia y que se limitará a aprobar medidas individuales y puntuales de apoyo a las ya tomadas. Las patronales estiman que las ayudas directas pueden depender de la llegada de los fondos europeos, algo que ven con escepticismo desde el sector al denunciar que no tienen interlocución con el Gobierno, que sigue “sin informar ni convocar ninguna reunión para cerrar medidas de forma conjunta” por lo que están dispuestos a seguir con las movilizaciones hasta tanto en cuanto no sepan qué van a hacer”.
“Las medidas llegan tarde”
Los hosteleros temen que todo vuelva a quedarse en un paquete de medidas indirectas, que se limiten a nuevas bonificaciones y exoneraciones fiscales o de cuotas, la ya aprobada de la ampliación de la carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO, así como acciones para poder renegociar los alquileres o una posible bajada del IVA. Sin embargo, para el sector hostelero estas medidas “llegan tarde y solo servirán para retardar su cierre”. Por ello, reclaman que estas ayudas sean directas, “no diferidas”, por un valor mínimo de 8.500 millones de euros a fondo perdido, con los que, al igual que en otros países europeos, solucionarían los problemas de liquidez de las empresas del sector. Este dinero conseguiría “garantizar nuestra supervivencia al menos de forma temporal. Ya no nos valen medidas que implican tener que devolver el dinero. No podremos pagarlo”, sostienen los perjudicados.
Otras peticiones pasan por rebajar el IVA al 5% para el sector; moratorias o eliminación de la devolución de créditos y alquileres; la definición de planes gastronómicos y de formación; y la derogación de la cláusula de los ERTE que obliga a mantener el empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
Recuerdan las patronales que, según Sanidad, los bares y restaurantes solo acumulan el 3,3% de los contagios desde Mayo, un porcentaje muy inferior al de otros ámbitos profesionales. El coste de estas restricciones es evidente. En cifras, hasta el mes de Octubre han cerrado 65.000 negocios, se han perdido 350.000 puestos de trabajo directos –una cifra similar de indirectos, que elevaría los parados por encima de los 600.000– y se ha producido una caída superior al 50% de la facturación respecto a 2019, cuando el sector aportó 102.168 millones de euros al gasto en consumo final. Esto equivale a una facturación superior a los 123.000 millones, lo que generaba una aportación del 6,2% a la economía española. Si se ha perdido al menos un 50% de la facturación, se habrían quedado por el camino cerca de 62.000 millones. Además, de los 1,64 millones de trabajadores –que corresponden al 8,5% del total del empleo en España– apenas la mitad queda en activo, entre despedidos o en ERTE
Como consecuencias indirectas, éstas afectan a más de 30.000 empresas asociadas a la hostelería, cuya facturación conjunta supone cerca del 20% del PIB nacional, y que también corren peligro. Por esta razón, y por el debilitamiento generalizado de estas empresas, los empresarios entienden que las medidas articuladas hasta ahora –como los ERTE, las exenciones, bonificaciones y préstamos ICO–, aunque siguen siendo válidas, ya no son suficientes para sostener al sector, por lo que piden que además de las citadas ayudas directas el resto de medidas extiendan su vigencia al menos hasta el mes de Mayo de 2021 o de forma indefinida, como se ha hecho ya en Alemania, Francia o Italia, países que ya han destinado paquetes de 10.000 millones no reembolsables de ayudas directas a autónomos y empresarios de la hostelería. Entienden los hosteleros que también resultaría eficaz el fomento de la demanda a través de bonos al consumo.
Respecto a medidas europeas destinadas al turismo éstas ascienden ya a 130.000 millones de euros, de los cuáles sólo 4.262 millones corresponden a medidas del Gobierno español, una cifra –dicen los responsables del sector- “claramente insuficiente”, al representar apenas el 3,3% de todo el importe, pese a que el peso del turismo en la economía nacional es sensiblemente superior al de la mayoría de países europeos.
Si estas ayudas directas no llegan “será imposible parar la desaparición de al menos un tercio de los establecimientos hosteleros”, lo que equivaldría a otros 100.000 establecimientos de aquí a final de año y la pérdida de más de un millón de empleos. “Ya no podemos esperar más”, sostienen los empresarios afectados.
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