Los hechos por los que Fulgencio Gil tiene que responder son consecuencia de la denuncia interpuesta en diciembre de 2018 por el entonces concejal de Cs Antonio Meca.

Además del lider del PP otros denunciados son el interventor municipal, José María Pérez, y José Sevilla, promotor de los conciertos.

Según la denuncia, en los documentos consultados relativos a la contratación de los conciertos de la feria de 2017 y 2018 se produjeron irregularidades. Estas son "el fraccionamiento de los contratos y la adjudicación directa a diversas empresas de promoción de espectáculos del mismo empresario con el objeto de eludir convocar un concurso con la consiguiente publicidad y concurrencia de otros licitadores".

Antonio Meca, de quien parte esta denuncia formulada en diciembre de 2018 ante el juzgado nº4 de Lorca, no ha querido pronunciarse al respecto en esperas de que la justicia lo haga, no obstante en su momento dijo en declaraciones a la Cadena Ser que "para la realización de esos contratos se optó por fraccionar el objeto de contratación irregularmente con el fin de poder utilizar indebidamente el contrato menor y, de ese modo, adjudicar directamente al Sr. Sevilla Solano a través de las diversas mercantiles por el controladas eludiéndola necesidad de convocar un concurso con la consiguiente publicidad y concurrencia de otros licitadores". " Se empleó el procedimiento negociado bajo la excusa de una pretendida exclusividad sobre los artistas; cuando esa exclusividad es totalmente falsa". " Se adjudicaron los contratos bajo la modalidad de un precio cierto más taquilla, cuando realmente se vulnera la obligación de que el contrato tenga un precio cierto y no existe contraprestación alguna para el Ayuntamiento, tratándose de una mera subvención encubierta en beneficio de las mercantiles perceptoras".

Gil por su parte argumentó en su defensa que los acuerdos fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local siguiendo el procedimiento para la contratación de los conciertos de feria de los últimos 30 años.