La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consa Martínez ha criticado que al PP le preocupa más arañar votos de la extrema derecha de Vox que actuar con seriedad y responsabilidad en el discurso sobre la ocupación ilegal de viviendas.

“Entre el 1 de enero y el 30 de junio se han acreditado 176 casos de ocupación de viviendas en toda la Región. Este es un problema a resolver que el PP y Ciudadanos están magnificando para atacar al Gobierno de España y competir electoralmente con Vox”, ha indicado.

Consa Martínez ha asegurado que el Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de medidas para atajar este problema que ya están dando resultado. Principalmente, la coordinación entre jueces, fiscales y policías. “La ley actual fue elaborada y aprobada por el PP en 2018”.

En este sentido, ha aclarado que la ocupación ilegal de viviendas en la Región no ha experimentado un aumento exponencial que merezca la alarma que están creando intencionadamente las derechas. “A pesar de haberse producido un leve crecimiento de estos casos, ni se trata de un aumento exponencial, ni mucho menos, nos encontramos entre las comunidades con un mayor índice de ocupación ilegal de viviendas”.

“Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el primer trimestre de 2020 fueron 18 los procedimientos posesorios por ocupación ilegal que ingresaron en los juzgados, que englobarían los delitos por allanamiento y por usurpación”, ha explicado.

La diputada socialista ha añadido que, en los delitos de allanamiento de morada, que son las ocupaciones ilegales en primeras y segundas residencias, el desalojo de los inmuebles ocupados es prácticamente inmediato, aunque se había detectado un problema de agilidad procesal y coordinación con las Fuerzas de Seguridad que ralentizaba los procedimientos. “Ha sido precisamente para reforzar la actuación en los primeros momentos de la ocupación, por lo que el Gobierno de España ha publicado instrucciones en este sentido y evitar así llegar al proceso judicial”.

“Sin embargo, hay otro tipo de ocupación de la que el Gobierno regional no tiene ningún interés en hablar: los casos de usurpación de viviendas vacías de bancos y fondos buitre por familias en situación de vulnerabilidad, familias que han perdido su vivienda por desahucios o como consecuencia de la crisis, y que se han visto abocadas a esta situación como último recurso. Esta es la verdadera emergencia social en materia de vivienda y la que ha ignorado el Ejecutivo López Miras”, ha concluido.