Financiación

La consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura ha comparecido en el Senado para exigir al Gobierno central el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, reclamando 201 millones de euros adeudados para la financiación de la dependencia en 2025. Denunció que la actual aportación estatal es solo del 25%, lo que genera una desigualdad con otras comunidades como el País Vasco y Cataluña. La consejera destacó los avances en la atención a personas dependientes, incluyendo nuevas prestaciones y reducción de listas de espera, subrayando el compromiso del Gobierno extremeño con la igualdad y dignidad de estos ciudadanos. Además, advirtió sobre el aumento de la demanda de cuidados debido al envejecimiento demográfico, reiterando que Extremadura no cesará en su lucha por justicia territorial.

La lista de espera del Sistema de Dependencia en España ha disminuido casi un 20% en el último año, alcanzando un mínimo histórico de 152.693 personas a la espera de una prestación. Según el Panel del SAAD, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, el número de beneficiarios ha crecido un 9,4%, con más de 1,6 millones de personas atendidas. La financiación del sistema ha aumentado un 150% desde 2020, y se ha reducido el tiempo medio de tramitación a 341 días. Este progreso se produce en un contexto de creciente demanda debido a cambios demográficos, lo que resalta la importancia de reformar las leyes de Discapacidad y Dependencia para mejorar la atención y garantizar derechos.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha firmado un acuerdo histórico con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para un nuevo modelo de financiación que ascenderá a 14.790,7 millones de euros entre 2026 y 2031. Este plan plurianual permitirá a las universidades desarrollar una planificación estratégica y garantizar la calidad educativa. Se estima que cada año recibirán una media de 2.465,1 millones, financiados en gran parte por los Presupuestos Generales regionales. Además, se implementarán mecanismos de seguimiento y transparencia en el uso de estos fondos, así como fondos extraordinarios para corregir desequilibrios entre las instituciones. Este modelo busca fortalecer a Madrid como un polo educativo clave en Europa.