La medida consiste en recuperar los nombres de dos calles y una plaza que fueron sustituidos por el anterior gobierno, formado por el Partido Socialista e Izquierda Unida, aplicando la Ley de Memoria Histórica.
El nuevo gobierno de derechas se justifica afirmando que lo que harán será retomar nombres "populares e históricos", y afirma que "respetará escrupulosamente la normativa memorialista estatal y regional".
PP y Ciudadanos siguen las consignas de Vox que reclama que se haga extensiva a todas las vías que en los últimos años han cambiado de nombre conforme a la normativa memorialista.
Desde Izquierda Unida anuncian que iran a los tribunales y tachan de "muy grave" la decisión tomada por el nuevo gobierno ya que "contraviene la Ley de Memoria Histórica".
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