En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Carmen Calvo ha asegurado que con este último paso "se está ejecutando la Ley de Memoria Histórica" del año 2007. "Una ley propia del esfuerzo de una democracia por atender los informes de la Naciones Unidas", ha destacado.
Ha argumentado también que, expirados los sucesivos plazos que han tenido los familiares para recurrir la decisión y disponer sobre el destino de los restos mortales del dictador, el Gobierno ha elegido un "destino alternativo compatible" con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, puesto que se trata de un lugar de "titularidad estatal".
Calvo ha insistido en que el próximo 10 de junio "se concluirá con el procedimiento" de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, cumpliendo con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018, por el que se inició el procedimiento administrativo.
Por otra parte Luis Felipe Utrera-Molina el abogado que defiende a los nietos del dictador dice que el Ejecutivo no tiene en este momento ni licencia urbanística para ejecutar la obra ni autorización eclesiástica para llevar a cabo ninguna actuación en el templo del Valle de los Caídos.
El letrado dice no contemplar otro escenario que no sea la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo tras la petición formalizada a finales de la semana pasada por los nietos y considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede consumar su pretensión porque carece la preceptiva autorización eclesiástica. El prior de la abadía del Valle de los Caídos ha denegado la preceptiva autorización solicitada por el Gobierno invocando la “oposición” de la familia.
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