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El Ministero de Justicia pone por fin sus ojos en la Iglesia y le informe sobre los casos de pederastia
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El Ministero de Justicia pone por fin sus ojos en la Iglesia y le informe sobre los casos de pederastia

jueves 07 de febrero de 2019, 12:42h

Dolores Delgado ha metido mano y ha solicitado al fiscal que le facilite los datos sobre las diligencias abiertas

Dolores Delgado va a pedir a la Conferencia Episcopal que le informe sobre sus investigaciones internas en torno a los casos de pederastia.

El pasado martes, Delgado daba un primer paso y solicitaba al Fiscal General del Estado que le remita los datos de las investigaciones abiertas en torno al delito de abusos sexuales a menores, en el seno de la Iglesia.

En su escrito a la Fiscalía, Delgado subrayó que, en muchos casos, por parte de las autoridades eclesiásticas se han ocultado los delitos, algo de sobra conocido.

La norma que aprobó el ejecutivo, aumenta 12 años los plazos de prescripción del delito de abusos sexuales a menores, de forma que empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años.

La ministra recuerda al Ministerio Público que las congregaciones religiosas han venido como norma ocultando los delitos. Así, Delgado, envió el pasado martes un escrito la máxima representate del Ministerio Público, María José Segarra, reclamándole un informe sobre los procesos abiertos en los tribunales, relaccionado con agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.

En su petición, la ministra hace referencia a los últimos casos aparecidos en los medios de comunicación sobre las supuestas agresiones sexuales cometidas en el seno de congregaciones eclesiásticas, que a su vez, en muchas situaciones, han contribuido a la ocultación de esos delitos y “a la protección de los victimarios” y a que esas informaciones periodísticas han generado “una importante alarma social” y “una fuerte demanda" que justifica que el "Gobierno aborde el fenómeno”.

Así mismo, se ha pronunciado a favor de que el Ejecutivo estudie, si procede hacer reformas legales o introducir cambios en el anteproyecto de ley de protección a la infancia aprobado en diciembre, dado que la Abogacía del Estado no puede personarse en procedimientos judiciales que no perjudiquen a la administración central.

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