La 'número dos' de Mas se escuda en Rajoy para justificar el 9-N

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, fue utilizado ayer en una sala de justicia como escudo frente a la imputación de desobediencia al Tribunal Constitucional que pesa sobre el presidente en funciones de Cataluña, Artur Mas; su ex vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera en funciones de Educación, Irene Rigau.

En una declaración leída ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, Ortega manifestó que "el Gobierno del Estado no quiso pactar los términos de este acto de democracia [en referencia a la consulta soberanista] pero tampoco lo detuvo, cuando tenía instrumentos para hacerlo".

"Se menospreció la trascendencia, rigor y naturaleza del proceso e incluso se declaró que no se detendría una actuación democrática de la ciudadanía", añadió. "El propio presidente del Gobierno español manifestó que 'el 9-N no es un referéndum ni una consulta ni nada que se le parezca y no tiene ningún efecto jurídico'", indicó Ortega.

Con independencia de la cita incorrecta de la afirmación de Rajoy (que no habló en concreto de efectos "jurídicos", sino de que el 9-N "no produce efecto alguno"), Joana Ortega vino a preguntarse cómo podrían derivarse responsabilidades penales de un acto que en un principio fue ninguneado por el propio Gobierno central.

Ortega, al igual que unas horas antes su compañera Irene Rigau, negó haber desobedecido la resolución que el TC dictó el 4 de noviembre de 2014 suspendiendo la votación independentista convocada por Mas para cinco días después. Ambas sostuvieron que la Generalitat paró los preparativos de la consulta nada más emitirse la primera suspensión del TC el 29 de septiembre y defendieron que lo que se desarrolló a continuación era "diferente", un "proceso de participación ciudadana" que quedó en manos de "42.000 voluntarios".

Según la ex número dos de Mas, cuando se produjo la nueva suspensión del TC del 4 de noviembre "la organización ya estaba lista, los voluntarios informados y con las tareas asignadas, los puntos de participación determinados y la práctica totalidad del material se había elaborado y entregado de los voluntarios". "No había nada que yo pudiera parar", apostilló.

'¿LOS VOLUNTARIOS SE LLEVARON A CASA LAS URNAS?'

El magistrado instructor se sorprendió ante esa afirmación con la que la ex vicepresidenta y ex responsable de Gobernación pretendía desvincular a la Generalitat del proceso de votación. "¿Pero dónde quedó ese material?", preguntó Abril. "¿Los voluntarios se llevaron a su casa las urnas, las papeletas, los ordenadores?". Ortega se limitó a contestar "lo desconozco".

Abril interrogó con insistencia sobre los gastos del llamado "proceso de participación ciudadana" para averiguar las partidas presupuestarias a las que se cargaron. Tanto Ortega como Rigau sostuvieron que no se utilizó la partida destinada al proceso soberanista y que, como eran "gastos generales", se cargaron a los presupuestos de cada departamento. Rigau dijo que los ordenadores se los quedaron los centros educativos y Ortega manifestó que el software utilizado el 9-N se encargó para todo tipo de consultas. El instructor le hizo ver que, sin embargo, lo que aparece reflejado en la factura es, de manera expresa y específica, el "proceso de participación ciudadana" del 9 de noviembre.

Rigau negó haber dado instrucciones a sus subordinados para la preparación y el desarrollo de la consulta independentista. Manifestó que "no le consta" que los responsables de los servicios territoriales de su departamento hubieran pedido a los directores de los institutos que fueron sede de las votaciones que participaran como voluntarios o que, en caso de no querer hacerlo, entregaran las llaves de los centros. En el procedimiento judicial constan documentos y declaraciones testificales en ese sentido.

Ninguna de las dos imputadas quiso contestar a la Fiscalía ni a la acusación popular que ejerce el abogado del sindicato Manos Limpias Pedro Muñoz. "Pierde usted una ocasión de oro para explicarse", dijo a Rigau el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. Ella sonrió. Las dos se quejaron de estar imputadas en virtud de una querella que se interpuso en contra del criterio de los fiscales del TSJ de Cataluña.

El fiscal superior, José María Romero de Tejada, asistió ayer por primera vez a los actos de instrucción de este proceso. También fue novedosa la presencia, entre los abogados defensores, de Miquel Roca.

Tanto Joana Ortega como Irene Rigau acudieron al palacio de justicia arropadas por numerosos miembros del Gobierno catalán y fueron recibidas por centenares de manifestantes que, bajo la lluvia, profirieron gritos a favor de la independencia y en contra del proceso judicial.

"ATAQUE DIRECTO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"

La Sala de Gobierno del TSJC hizo público un comunicado en el que señaló que "no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del palacio de justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones. Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial".

El texto añadía que el cuestionamiento de la actuación judicial "resulta aun más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno".

"Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia sólo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política", manifestó el TSJC, cuyo comunicado fue apoyado de forma expresa por el Consejo General del Poder Judicial.

Miles de personas se manifestaron por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra las imputaciones "antidemocráticas" por la organización del 9-N. La concentración estaba convocada por el Pacte Nacional pel Dret a Decidir y tuvo réplicas en otros ayuntamientos catalanes, informa Europa Press.

Para mañana está prevista la declaración judicial de Artur Mas.