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La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra la Generalitad.

jueves 28 de septiembre de 2017, 08:11h
Los dos estamentos judiciales coinciden en el fondo, aunque no en la forma de impedir el referéndum.

Antoni Comín, conseller' de Salut de laGeneralitad ha cesado a los máximos representantes de la Generalitat en los consorcios sanitarios de los que dependen los centros de salud. La razón está en que esos centros han sido designados como colegios electorales para el referéndum sobre la independencia de Catalunya del 1 de octubre. Comín se ha nombrado él mismo como presidente para así asumir la responsabilidad.

Las resoluciones firmadas llevan fecha de 22 de septiembre e incluye el nombramiento de altos cargos del departamento de Salud, como David Elvira, Josep Maria Argimon, Francesc Xavier Rodríguez y Eva Sánchez, como miembros representantes de la Generalitat en los consejos rectores de los consorcios sanitarios. Esta estrategia es la misma que se llevó a cabo en el departamento de Ensenyament con relación al Consorcio Educativo de Barcelona, para de esta manera hacerse con los colegios e institutos, ante la negativa de algunos ayuntamientos de ceder locales municipales. Así la Conselleria de Salut pretende hacerse así con el control directo de los 80 ambulatorios y centros sanitarios designados por el Govern como colegios electorales en el referéndum del 1 de octubre, que como saben ha suspendido el Tribunal Constitucional. Esta ha sido la manera de darle la vuelta a todo por parte de la Generalitad para sin dar un paso atrás, llevar a cabo el referéndum sino puede sere en locales municipales, en edificios de propiedad autonómica.

Sin embargo ante tal empeño, la justicia parece haberse cansado. Primero fue la Fiscalía, quien por órden del fiscal superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada obliga a los Mossos d'Esquadra a precintar este viernes los más de 2.000 puntos de votación y a que sus patrullas desalojen durante todo el fin de semana concentraciones ciudadanas frente a ellos. También mandó impedir votaciones que se produjeran en un radio de 100 metros del local electoral, incluida la calle. Después ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha tomado la vara de mando apartando a la Fiscalía a pesar de que su objetivo sea el mismo, impedir el referéndum. Así la jueza ha ido más allá dictando una nueva orden, no solo a los Mossos, sino también a la Policía Nacional y la Guardia Civil, instando a los tres cuerpos a "impedir antes del domingo el uso de edificios o locales para preparar la votación" y a que el domingo 1 de octubre, no se puedan abrir locales, por lo qu si alguno abre, tendrán que actuar y cerrarlos. Así mismo ordena, como hiciera la Fiscalía requisar todo el material relacionado con el referéndum: urnas, sobres electorales, papeletas e incluso ordenadores. Su incautacióndebe hacerse cuando el material se traslade a los colegios o una vez que esté en los mismos.

Además la magistrada ordena a los cuerpos policiales que impedan cualquier actividad e incluso la apertura de establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística del referéndum o para el recuento de los votos.

Por otro lado la magistrada da su conformidad a que el encargado de coordinar la acción de las distintas policías para impedir el 1-O sea el coronel de la Guardia Civil , Diego Pérez de los Cobos.

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