Publica el diario lainformación:
La batalla del Gobierno contra la familia Franco no acabó en la exhumación del Valle de los Caídos. Los dos partidos que integran la coalición, PSOE y Unidas Podemos, han iniciado los trámites para despojar a Carmen Martínez-Bordiú Franco del ducado que creó su abuelo y que primero pasó a la hija, Carmen Franco Polo, y que ahora, desde 2018, ostenta la nieta. Es el mismo procedimiento que iniciaron los socialistas hace ahora tres años para proceder a poner fin a la presencia de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Ambas formaciones prevén poner en marcha su iniciativa durante la legislatura.
El escudo del ducado de Franco cubría el féretro del dictador el día del traslado al cementerio de Mingorrubio. Junto a él hay otros casi cuarenta títulos concedidos durante los años posteriores a la Guerra Civil que PSOE y Unidas Podemos proponen cancelar y retirar a sus poseedores. En concreto, lo que plantean es "revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo", según recogen en una Proposición No de Ley registrada la semana pasada en el Congreso y en la que también se solicita la retirada de las medallas a Billy el Niño.
Asimismo, los partidos que integran la coalición proponen "la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión". Afecta, por tanto, a las distinciones creadas o rehabilitadas por Franco que se encuentran en activo y cuyos titulares son herederos de los militares o personas de la sociedad civil que rodearon al jefe del Estado durante sus años en el poder. El plan pasa por que esa PNL, que es una mera declaración de intenciones, sea convertida en Ley por el Ejecutivo, exactamente igual que se hizo para proceder a la exhumación de los restos del exdictador ejecutada el pasado mes de octubre.El primer ducado creado por Franco fue el de Primo de Rivera, concedido en 1948 de manera póstuma al creador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que sigue enterrado en el Valle de los Caídos. Igualmente en este año se creó el título Duque de Calvo Sotelo, que fue otorgado a título póstumo al político José Calvo Sotelo; al igual que el de Duque de Mola al general Emilio Mola y el título de Conde Alcázar de Toledo al capitán general José Moscardó. En 1949 fue nombrado Marqués de Dávila el general Fidel Dávila; Conde de Labajos, a título póstumo, a favor de Onésimo Redondo; y Conde de Pradera, a Víctor Pradera. Otros títulos importantes del franquismo son el de Conde del Jarama, Marqués de Alborán, Marqués de Queipo de Llano, Marqués de Somosierra, Marqués de Ramón y Cajal, Marqués de San Leonardo de Yagüe, Conde de la Cierva, Duque de Carrero Blanco o Conde de Maeztu, entre otros.
Para suprimir todos estos títulos es necesario cambiar la ley, explican fuentes tanto de PSOE como de UP. La PNL, que debería aprobarse sin problemas en el Congreso, instaría al Gobierno a eliminar las condecoraciones. Luego habría que tener en cuenta que las últimas actualizaciones de la legislación nobiliaria, amparada por el artículo 62f de la Constitución, tuvieron lugar en 1988 mediante un real decreto y en 2006 a través de la ley para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el orden de sucesión de estos títulos. Habría, por tanto, que utilizar la vía del real decreto ley, si el Gobierno considera que, como la exhumación, ha de hacerse con trámite de urgencia, o la de la Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática (actualmente en tramitación parlamentaria) que ya contempla en su artículo 5 acabar con estos títulos nobiliarios de Franco y demás familias. El Ministerio de Justicia ya estudió a fondo durante el mandato de Dolores Delgado en la pasada legislatura la posibilidad de acabar con los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Así lo explicaba el departamento que hoy dirige Juan Carlos Campo en una respuesta parlamentaria al diputado de En Comú Podem Jaume Moya. Justificaba que para poder suspender los títulos aprobados en su día por el régimen franquista habría que reformar la ley, una posibilidad que ya entonces había comenzado a estudiar la Dirección General de Memoria Histórica. En esta legislatura, esa dirección general es una Secretaría de Estado, por lo que la iniciativa debería entrar en el catálogo de prioridades.
Una de las cuestiones que están estudiando los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos es la posibilidad de que los familiares de Franco o algún afectado pueda iniciar acciones judiciales contra el Gobierno alegando una cuestión de indefensión si se le retiran los títulos nobiliarios. Efectivamente, el derecho al honor lo podrían reclamar los herederos del afectado. Y hay antecedentes de casos donde la Justicia ha tumbado la revocación de condecoraciones, explican desde la coalición socialista y morada. En estos momentos ambos grupos están "cerrando la mejor técnica jurídica".
Estos problemas legales también se dan en el caso de la retirada de distinciones a Billy el Niño, fallecido víctima del Covid. PSOE y UP quieren revocar las condecoraciones otorgadas al exfuncionario y otros mandos policiales "que hubiesen realizado actos incompatibles con los valores democráticos y los derechos humanos". También están estudiando la mejor fórmula jurídica para no tener inconvenientes con los herederos.Hay que recordar que la exhumación de Franco ya supuso un quebradero de cabeza para Moncloa con la familia. El Gobierno, en la persona de Félix Bolaños, secretario general de Presidencia y mano derecha de Sánchez, negoció con los herederos durante un año. Fueron horas y horas de conversaciones con Francis Franco en el despacho del edificio de Semillas, donde se ubica el gabinete presidencial y que es también conocido como 'el ala oeste' monclovita. Fue una larga batalla que culminó parcialmente con el traslado televisado en helicóptero. Pero los Franco han presentado una demanda contra España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo alegando "grave discriminación".
Se da la casualidad de que la nieta de Franco recibió el título nobiliario el 31 de mayo de 2018, justo mientras en el Congreso de los Diputados se estaba debatiendo la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa. La orden fue firmada por el exministro de Justicia, Rafael Catalá. "De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, por fallecimiento de su madre, doña Carmen Franco Polo". Es la resolución que publicó el BOE el 12 de julio de hace casi dos años, ya con el Gobierno socialista en plenas funciones. Un año después la herencia se hacía efectiva tras la firma de Felipe VI.
La otra batalla que enfrenta al Gobierno, no solo central sino también autonómico, y la familia Franco es la del Pazo de Meirás. Tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia llevan más de una década reclamando la titularidad pública de la que fuera 'casa de veraneo' del dictador en la localidad coruñesa de Sada. La última vez que el legislativo gallego reiteró su postura fue en agosto de 2018, cuando de forma unánime instó a la Administración central a tomar todas las medidas que considerase oportunas para recuperar el Pazo. Sánchez no dudó en recoger el guante y la Abogacía del Estado interpuso una demanda en los juzgados de A Coruña para intentar recuperarlo.
Entre las alegaciones que presentó la Abogacía se encuentra un acta notarial de 1938 que demostraría que la cesión del terreno que le hizo la llamada Junta pro Pazo al dictador en aquel año tendría alguna irregularidad. La primera estaría en la adquisición inicial de las también conocidas como Torres de Meirás a la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán, que según la Abogacía se pagó tras obligar a todo el pueblo a aportar dinero para comprarlas. Además, la demanda sostiene que la dictadura orquestó la operación para que dicha Junta lograse la escritura.Otro argumento es la adquisición total del Pazo por parte de Franco en 1941. El precio fue "irrisorio": apenas 85.000 pesetas para un terreno de más de 1.000 metros cuadrados que en la actualidad la familia del dictador ofrece en venta por 8 millones de euros. Para su defensa, los herederos del 'caudillo' esgrimen la escritura de Meirás de la que disponen y que fue lo que disuadió al Gobierno de intentar expropiarles la construcción.
En esta legislatura de coalición recuperar el Pazo es una de las prioridades para el Gobierno. Así quedó reflejado en el acuerdo de investidura firmado por Sánchez y Pablo Iglesias: "Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público".
Otra cuestión que aspira a vertebrar parte de la política de reparación de las víctimas del franquismo son las fosas comunes. En la declaración institucional posterior al traslado de los restos de Franco a Mingorrubio, Sánchez ya lanzó varios guiños a los "presos políticos" y "represaliados" que permanecen en el Valle de los Caídos y otros lugares desconocidos sin que su identidad haya sido confirmada. Y en el acuerdo de Gobierno quedó plasmado así: "Implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes".En los últimos años, la búsqueda y posterior exhumación de huesos de fosas del franquismo ha sido llevada a cabo por colectivos y asociaciones de memoria, que han lamentado que el Ejecutivo les diera de lado. Ahora, PSOE y UP han abierto la puerta a "reparar esa infamia", según palabras del propio Gobierno. Una apuesta que requeriría de una inversión notable en unos futuros Presupuestos, apuntan fuentes gubernamentales.
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