Los Técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que existen "indicios racionales" deque Juan Carlos I ha cometido delitos contra la Hacienda Pública.

Izquierda Unida, el PCE y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas estudian reemprenderacciones penales contra el rey emérito. Dicha denuncia tendría que ser presentada ante el Tribunal Supremo ya que el rey está aforado y ante la justicia de Suiza por supuestos delitos de corrupción en transacciones internacionales, blanqueo de capitales y hasta constitución de grupo criminal,.

Gestha por su parte pide a la Agencia Tributaria que inicie una investigación contra el Rey Emérito por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales ya que considera que el comunicado de Zarzuela convierte las sospechas en hechos que demuestran que Juan Carlos I ha manejado fondos opacos y que por tanto hay indicios racionales de haber cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Para los técnicos de hacienda queda claro que el emérito participó en esas Fundaciones y que llevó a cabo una actividad irregular. Señalan además un posible delito de fraude fiscal agravado, y apuntan que el presunto delito de blanqueo quedaría demostrado "si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones".

Asimismo señala "la conveniencia de que todos los miembros de la familia real y de la familia del Rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación este caso o en el futuro."

Como recordarán don Juan Carlos ya estuvo en el punto de mira de IU pero su querella que fue archivada por el Supremo. Sin embargo ahora con el comunicado emitido por la Casa Real el pasado domingo en el que Felipe VI reconoce que recibió una carta el 5 de marzo de 2019 de un despacho de abogados en la que le comunicaban que era beneficiario de la Fundación Lucum cuando falleciera Juan Carlos I, la cosa cambia ya que las "autoridades competentes" conocieron la existencia de la fundación off-shore con sede en Suiza en el mes de marzo, de 2019, mientras que la querella de IU Fue archivada por el Tribunal Supremo EL 24 DE JUNIO ES DECIR , TRES MESES DESPUÉS .

Como recordarán dicha querella iba dirigida además de contra el rey emérito y su ex amante contra el excomisario Villarejo, y contra el ex director del Centro Nacional de Inteligencia general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, así como el abogado suizo Dante Canónica, quien administró la famosa cuenta Soleado a las órdenes de Arturo Fasana. Asimismo la querella iba también contra Álvaro Orleans Borbón, primo de Juan Carlos I y supuesto testaferro del rey emérito.

Destacaba Público que los delitos a investigar eran cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

En aquel entonces el Tribunal Supremo, poco dispuesto a investigar al rey sostuvo en su archivo que los hechos denunciados por IU habían sido investigados y archivados por el Juzgado Central de Instrucción número 6, que no elevó al Supremo ninguna exposición razonada en la que "se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado ante este órgano".

Ahora empujado por la situación se ha reabierto esta pieza que tiene por nombre Carol y que es parte del caso Villarejo después de conocerse que la Fiscalía suiza investiga el pago de una comisión millonaria.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga una transferencia de 65 millones de euros por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Mientras, en España, la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntas comisiones ilegales en la concesión del AVE a La Meca.

La fundación off-shore Lucum habría recibido una donación de 65 millones de euros realizada por el rey en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud tal y como avanzó el diario The Telegraph que ha revelado que Juan Carlos I es beneficiario de esta fundación y, en segundo lugar, Felipe VI quien un año después de conocer el tema y viendo peligrar la Corona y la continuidad de la Monarquía se ha visto obligado a actuar para guardar las apariencias.