La sentencia es ya firme, lo ha confirmado la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
14 años y tres meses de cárcel a un sargento de la Guardia Civil que dirigía el puesto de Isla Mayor por facilitar la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas.
La sentencia de la Sala de Apelación ha desestimado el recurso presentado contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal del pasado 5 de abril que le condenó por delitos de tráfico de drogas, con pertenencia a organización, blanqueo de capitales y cohecho, según ha informado este viernes la Audiencia Nacional.
La organización de traficantes la lideraba Francisco Antonio R. C., alias El Negro, quien disponía de varias lanchas semirrígidas para transportar el hachís en grandes cantidades desde Marruecos a las costas españolas y dos naves en Coria Del Río donde ocultaban y mantenían las embarcaciones y los vehículos empleados por la organización. Todos los acusados,entre los que se encuentra Iván Odero, que inspiró la película de Daniel Monzón El Niño, reconocieron los hechos durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional y aceptaron las penas que solicitó la Fiscalía Antidroga, a excepción del sargento de la Guardia Civil Francisco Javier C. B., comandante del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor.
El sargento recurrió la condena de 14 años y tres meses ante la Sala de Apelación por vulneración de la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y falta de motivación, entre otros motivos.
Ahora, el Tribunal desestima su recurso y confirma los hechos probados de la sentencia de instancia, que consideró que en el mes de abril de 2016 el sargento Francisco Javier C.B., comandante en el puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor, mantuvo contactos con el jefe de la organización criminal para ofrecerle la protección de los miembros de la Benemérita y facilitarle la entrada de hachís a través de Río Guadalquivir, llegando a un acuerdo que suponía la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 cada vez que terminase con éxito una operación.
Otros tres miembros la Comandancia, según el relato de hechos, estaban de acuerdo con su sargento para llevar a cabo dicha actuación, que consistía en facilitar información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil “para evitar coincidir con la entrada del hachís”. Además, informaban de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que temiesen que les podía vigilar en sus transportes o descargas, “y trataban de averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias”.
La sentencia, es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, también confirma la condena como partícipe a título lucrativo de la mujer del sargento.
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