El suyo fue el desenlace más terrible, 36 presos fueron degollados el martes en seis ciudades del reino ultraconservador en la ejecución más numerosa de los últimos tres años en el país. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y participación en manifestaciones.

A ello se suma la decapitación de Jaled Abdelkarim Saleh cuyo cuerpo crucificado en una plaza pública de Arabia Saudí.

"La pena capital fue aplicada a un número de presos por adoptar ideologías terroristas extremistas y establecer células terroristas para ocasionar daños a la seguridad, así como propagar el caos y provocar la división sectaria", detalló la agencia de noticias estatal saudí SPA al anunciar la ejecución de los 37 condenados al patíbulo, una resolución que eleva a alrededor del centenar las personas que han sido ajusticiadas desde principios de 2019. 40 de ellas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Jaled Abdelkarim sufrió el mayor castigo, reservado para los delitos más graves. Además de ser decapitado como el resto, padeció la "crucifixión", un término empleado por los tribunales saudíes para referirse a la exposición pública del cuerpo tras el degollamiento. Pocos datos han trascendido de la agonía y muerte de Jaled ni de sus supuestos crímenes. Las ejecuciones tuvieron como escenario la capital Riad, las ciudades sagradas de La Meca y Medina y las villas de Al Qasim y Asir y la provincia oriental.

Según el activista local Fuad Ibrahim, 32 de los 37 fallecidos pertenecían a la comunidad chií y fueron arrestados por su implicación en las manifestaciones que estallaron en 2011 y 2012, al calor de la revueltas árabes y en defensa del establecimiento de una monarquía constitucional. La minoría, discriminada y vigilada de cerca por la batalla que libra Riad con Irán, se concentra en la zona oriental del país rica en petróleo, en las provincias de Al Ahsa y Al Qatif.

En concreto, 25 de los 37 ejecutados fueron condenados en dos macroprocesos conocidos como "Qatif 24" y "Espía Irán". El primero de los casos se refiere a las protestas y los implicados fueron condenados por asaltar patrullas y comisarías de policía con armas y cócteles molotov. La justicia saudí les acusó de formar parte de una célula terrorista. El segundo, en cambio, está vinculado a delitos de "alta traición" como reunirse con agentes de la inteligencia iraní y proporcionarles información confidencial sobre el ejército y la comunidades chiíes.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las confesiones de los involucrados se lograron a golpe de torturas. Unas dudas que también ha arrojado este miércoles desde Ginebra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La chilena ha expresado su inquietud por la falta de garantías durante el proceso judicial y ha instado a las autoridades a que revisen la legislación antiterrorista y detengan las ejecuciones pendientes. Hay tres súbditos saudíes en el corredor de la muerte, sobre los que pesa la amenaza de una ejecución inminente, y otros 300 en proceso de ser condenados.

"Inevitablemente las autoridades saudíes etiquetarán a los ejecutados como terroristas y peligrosos criminales pero la realidad es que los tribunales saudíes están lejos de aplicar los procedimientos debidos y muchos de los ejecutados fueron condenados con la única prueba de unos interrogatorios que las víctimas denunciaron que habían sido obtenidos a la fuerza", subraya Michael Page, vicedirector de Human Rights Watch en Oriente Próximo.

Vidas cercenadas como las de Mujtaba al Sweikat, un joven detenido en agosto de 2012 en el aeropuerto cuando se disponía a tomar un avión con destino a Estados Unidos para comenzar sus estudios en la Universidad de Western Michigan. O Munir al Adam, al que las palizas que recibió durante los interrogatorios le hicieron perder la audición en uno de los oídos. O Salman Qureish, detenido poco después de cumplir la mayoría de edad, acusado de crímenes que sucedieron cuando era aún menor y al que se le negó asistencia legal.

Todos, según los testimonios reunidos por Reprieve, fueron torturados y vejados, con largos períodos sometidos a confinamiento solitario o privación de sueño, hasta obtener la confesión. Algunos, como recuerda HRW, fueron acusados de "distorsionar la reputación del reino" o intentar "propagar la confesión chií". Las penas capitales fueron mantenidas en la corte de casación.

El año pasado Arabia Saudí ejecutó a 149 personas, según datos de Amnistía Internacional. El último gran ajusticiamiento acaeció el 2 de enero de 2016. Entonces, las autoridades decapitaron al clérigo reformista chií Nimr al Nimr junto a otros 46 condenados a muerte, acusados de terrorismo. Entre ellos, figuraban activistas chiíes; extremistas suníes y militantes de Al Qaeda. Su muerte causó una ola de indignación entre los chiíes de Oriente Próximo y provocó ataques contra las misiones diplomáticas de Riad en Irán agravando las tensiones entre los dos rivales regionales.