Ese día, según cuenta La Verdad, en pleno ecuador de la crisis económica, decenas de miles de ciudadanos se echaron a la calle en la Región para protestar por los recortes en los servicios públicos impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. La madrugada previa y la jornada matinal transcurrieron sin incidentes de relevancia hasta que a la una de la tarde, una vez disuelta pacíficamente una multitudinaria concentración en la plaza de la Fuensanta de Murcia, un grupo de policías nacionales acabó cargando contra varias decenas de manifestantes que en apariencia se resistían a desalojar la zona.
La acometida, protagonizada por un pequeño grupo de agentes de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), se saldó con varios ciudadanos lesionados de forma leve, salvo en el caso de Juan Carlos G. M., que recibió un número indeterminado de porrazos y, especialmente, una brutal patada en el rostro que le ocasionó múltiples fracturas en los huesos de la cara -pared lateral de la órbita izquierda, hueso cigomático izquierdo, pared antral y lateral del seno maxilar izquierdo- y de la nariz. Estuvo hospitalizado ocho días y otros veinte incapacitado para desarrollar su trabajo.
El Ministerio Público insiste en que un grupo de policías nacionales actuó de forma incontrolada, «desobedeciendo las órdenes y abandonando la disciplina»
El suceso dio origen a unas diligencias judiciales, que a lo largo de estos casi seis años se han tramitado desde el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia. En la actualidad, el asunto está totalmente concluido y el Ministerio Fiscal ha formulado su escrito de calificación provisional, en el que acusa al policía de la UPR que presuntamente pateó al manifestante, identificado como I. F. N. G., y a otros dos funcionarios de la Jefatura Superior que supuestamente causaron lesiones leves a otro ciudadano, debido a que este habría golpeado a un agente y tuvo que ser reducido por la fuerza.
En su relato de hechos, la fiscal sostiene que los policías de la UPR destacados en la plaza de la Fuensanta habían encaminado a los últimos manifestantes hacia la cercana calle Bando de la Huerta. Allí, mientras los agentes formaban un cordón para impedirles retornar a la avenida de la Libertad, los participantes en la protesta habrían comenzado «a proferir insultos y a mostrar actitudes despreciativas contra los policías».
Ante el incremento de la tensión, los mandos policiales ordenaron «despejar» la zona y encaminar a los manifestantes hacia la calle Doctor Marañón. Sin embargo, siempre según el relato de la Fiscalía, cuando iban por la mitad de la calle Bando de la Huerta, los antidisturbios tuvieron que retroceder hacia su posición inicial. Y cuando se disponían a reintegrarse en el cordón policial, un grupo de «al menos siete» agentes, «incumpliendo las normas de procedimiento policial y las órdenes recibidas», echaron a correr en dirección a los ciudadanos congregados en esa zona, «golpeándoles con sus defensas reglamentarias».
En ese momento, uno de los policías, identificado como I. F. N. G. habría iniciado la persecución de Juan Carlos G. M. y, dándole un empujón, lo lanzó contra un ciclomotor. El manifestante cayó al suelo y fue allí donde, según la acusación pública, «comenzó a lanzarle golpes con la defensa reglamentaria en diferentes partes del cuerpo, lanzándole, asimismo, una patada hacia la zona de la cabeza». Ese golpe fue el que presuntamente ocasionó graves lesiones a Juan Carlos en el rostro.
Durante los enfrentamientos que se produjeron seguidamente entre otros participantes en las protestas y algunos de los agentes «que habían abandonado la disciplina del grupo», varias personas sufrieron lesiones leves, entre ellos un policía nacional. La fiscal insiste en que estos funcionarios de la Jefatura de Policía «desobedecieron las órdenes recibidas y abandonaron la disciplina del grupo»; es decir, que actuaron de forma incontrolada.
El policía I. F. N. G. es formalmente acusado en este escrito de un delito de lesiones, por el que el Ministerio Público pide que se le impongan tres años de prisión y el pago de una indemnización de 5.000 euros al manifestante golpeado.
Para los otros dos agentes acusados por las lesiones leves causadas al reducir a otros participantes en la concentración solo reclama la imposición de penas de multa.
Si (
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