Puigdemont, con un pie en la trena.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont tiene preparado el petate. Hoy toca su intervención en el Parlament. Que declare o no la independencia en cumplimiento de las leyes aprobadas por la cámara catalana, esta por ver. Según la ley del referéndum, el resultado de la votación tiene carácter vinculante. Basta con que el sí obtenga un solo voto de más que el no para que se proclame la independencia y según las cifras dadas ayer el resultado del referéndum ilegal obtuvo un 90% de votos a favor.

Así Puigdemont tiene hoy que declarar la independencia, pero que lo haga o no, no evitará que antes o después pise la cárcel. Si da por bueno el referéndum, a pesar de su ilegalidad tal y como indicó el Tribunal Constitucional, el president proclamará la independencia y ello traera de inmediato la consumación del delito de rebelión y por tanto su detención. Si no lo hace, el curso de la ley, no se detendrá y veremos más pronto que tarde a Puigdemont entre rejas por saltarse la ley al haberse consumado el delito. Según el artículo 472 del Código Penal “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente... declarasen la independencia de una parte del territorio nacional... o los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión. Así Puigdemont a delinquido contra tres de estos apartados de artículo y su futuro se prevé poco alentador para seguir en libertad. La pena de la que dicho artículo habla en su enunciado va de quince a veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Así mismo para los que ejerzan un mando subalterno, como es el caso de la Presidenta del Parlament, para el vicepresidente Junqueras, los consejeros y el mayor de los Mossos, la pena a la que pueden ser condenados va de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y para los meros participantes, pena prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años”.

Como ven, declare o no la independencia la situación para Puigdemont y los suyos, no pinta nada bien.

Algunos expertos consideran que Puigdemont medirá sus palabras y que no declarará la independencia, pero desde la CUP, aseguran que lo hará. Por si acaso la Fiscalía General del Estado se está prepara para actuar contra Puigdemont y todo el Govern y asociaciones políticas y entre estas contra ANC y ómnium. Mientras tanto la CUP se ha puesto en guardia dispuesta a sacar sus peones a la calle. La policía Y la Guardia Civil, también lo está, por lo que no será deficil que veamos hoy otra batalla campal, frente al Parlament catalán.

Desde el Ministerio Fiscal no hay prisa por actuar, pero lo hará. Aseguran que aunque Puigdemont proclame la independencia su detención no sería inmediata, pero dan por hecho que lo detendrán una vez que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución y suspendan de manera cautelar de sus funciones a todos los miembros del Govern, del Parlament y tomen el control de los Mossos d’Esquadra, a los que ya se les ha relegado de algunas de las funciones que tenían en exclusiva.

Y mientras tanto la judicatura espera paciente. Quieren ver si los responsables catalanes deponen de su actitud esperando que no consumen el delito y den un paso atrás. Que lo hagan o no está por ver, pero si lo hacen, tal vez no se actue con la misma contendencia, aunque eso no quiere decir que el president deje de pagar por lo ya hecho, al actuar delictivamente saltandose las leyes del Tribunal Constitucional.

No obstante Carles Puigdemont puede hoy poner en marcha la ley de transitoriedad que establece un plazo de seis meses para el “proceso deliberativo”. El plazo empezaría a contar desde la proclamación del resultado del 1-O y acabaría con la convocatoria de elecciones para la asamblea constituyente. Luego entraran en juego los redactores de la ley que necesitaran otros seis meses para que la asamblea apruebe una Constitución que será sometida de nuevo a referéndum, tras lo cuál se convocarían elecciones legislativas ordinarias. Sin embargo a esta altura de la película que declare la independencia o apruebe la Ley de Transitoriedad ya da igual, el delito se ha consumado y la ley caerá sobre todos ellos llevándoles a prisión.

Para ello el tribunal deberá iniciar una investigación donde ver quienes son los presuntos responsables de la rebelión y como no de la sedición. La Fiscalía ha cedido el testigo a la Audiencia Nacional que deberá encargarse de investigar el delito de sedición, muestra de ello es la causa abierta contra el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero; su intendente, Teresa Laplana; el presidente de ANC, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, mientras que para los aforados Puigdemont y el resto de su equipo el órgano competente es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al haberse cometido los delitos en su territorio. No obstante si se entiende los delitos cometidos por Puigdemont han afectado no solo a Cataluña sino a todo el territorio nacional la competencia recaería en el Tribunal Supremo.

La cuestión no obstante es si una vez aplicado el artículo 155, los presuntos responsables, con sus funciones suspendidas pierden o no el aforamiento, pues de perderlo la competencia para juzgalos recaería en la Audiencia Nacional.